Una reforma necesaria pero no urgente

Juan Carlos I sanciona la Constitución en 1978, ante la mirada de doña Sofía y el Príncipe de Asturias. :: efe/
Juan Carlos I sanciona la Constitución en 1978, ante la mirada de doña Sofía y el Príncipe de Asturias. :: efe

El desafío independentista reaviva el debate en torno a la revisión de la Carta Magna, que se antoja difícil

MARÍA EUGENIA ALONSO

MADRID. La crisis catalana ha puesto encima de la mesa la oportunidad, o no, de modificar la Constitución de 1978, hasta ahora solo retocada en dos ocasiones (1992 y 2011) por el acuerdo de los grandes partidos y sin referéndum. El pacto al que llegaron Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, al amparo del artículo 155, ha servido para constituir en el Congreso la comisión para la evaluación del modelo autonómico como germen de una reforma de la Carta Magna, que se antoja difícil pero sobre cuya necesidad existe un amplio consenso entre juristas y políticos. Un texto con 39 años de historia que presenta algunas grietas por el paso del tiempo y que da muestras de cierto agotamiento en las respuestas a los problemas de una España que se parece poco a la de 1978. Así ocurre con aspectos claves de la arquitectura que sostiene el modelo territorial. «La reforma está contemplada en la propia Constitución porque el traje de un pueblo se le puede quedar pequeño», asegura Juan José Solozábal, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

Una renovación que debe acometerse «sin prisa pero sin pausa», según el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Guillermo Escobar, que remarca que la Carta Magna está experimentando desde hace algunos años una cierta «disminución de su legitimidad, especialmente en Cataluña, por lo que conviene reformarla sin demasiada demora». Para Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, no es una cuestión tanto «de urgencia, sino de determinación de búsqueda de compromiso» que, advierte, no puede estar supeditada al envite soberanista. Sobre esta tesis, los expertos rechazan que la revisión se utilice exclusivamente para satisfacer o apaciguar a los separatistas y reclaman que repare «los defectos estructurales graves» del Estado autonómico.«La crisis catalana no puede ser el motivo principal de la reforma», arguye De la Iglesia. El camino a seguir, sin embargo, no será fácil ni rápido. La creación del órgano parlamentario ha puesto de manifiesto la ausencia de consenso entre las fuerzas políticas. Una «exigencia ineludible» para acometer cualquier futura revisión de la Constitución, según reconoce María Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de Icade. De lo contrario el fracaso está garantizado y la Constitución nacería fuertemente herida. Álvarez insiste en que sería «engañoso» transmitir a los ciudadanos que esa modificación es viable «sí no se llega a un amplio pacto político».

Los expertos consultados coinciden en recordar que una de las claves del éxito de la Carta Magna de 1978 es que se construyó con la voluntad de generar un amplio consenso y que fue aprobada por la inmensa mayoría de parlamentarios. «Si se pusieron de acuerdo exministros de la dictadura y personas represaliadas, no debería resultar tan difícil lograrlo ahora», opina Escobar, que apela al llamado 'espirítu de la Transición' para afrontar un proceso de reforma cuyo resultado podría ser incierto.

Pero el problema va más allá de que las formaciones nacionalistas con representación en la Cámara baja estén ahora mismo en las antípodas de poder participar del consenso, sino que entre los grandes partidos no existe una línea de actuación común. El PP quiere efectuar las adaptaciones imprescindibles; el PSOE apuesta por una reforma federal; Podemos defiende el derecho de autodeterminación y Ciudadanos apuesta por recentralizar el poder. «Sólo hay acuerdo en cosas básicas», insiste Solozábal. En cuanto se profundiza sobre los pasos a dar, sostiene el catedrático, «las diferencias son muy grandes».

Es el caso del modelo territorial, que, según apunta De la Iglesia, ha suscitado hasta ahora los mayores problemas «frenando abrir un proceso de reforma cuando el resto de las cuestiones estaban claras». Las competencias de las comunidades autónomas quedaron abiertas e indeterminadas en el texto del 78, al igual que su financiación, lo que ha generado y sigue creando tensiones con el Estado.

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