Reclusos de la banda intentan salir del primer grado

LOURDES PÉREZ SAN SEBASTIÁN.

Algo se mueve, de forma lenta y aún embrionaria, entre los reclusos de ETA en las cárceles españolas. En los últimos meses, y una vez que el frente de presos permitió a sus miembros, dentro de una estrategia asumida colectivamente, acogerse a las vías individuales de resocialización -con las líneas rojas del arrepentimiento y la delación-, los internos vinculados a la organización terrorista hoy disuelta han protagonizado dos actuaciones encadenadas para intentar mejorar su situación penitenciaria. Una situación que viene condicionada por la renuncia durante cuatro décadas a solicitar beneficios personales y que hace que la gran mayoría de los 235 reclusos que permanecen en cárceles españolas -209- sigan encuadrados en el primer grado penitenciario, el más restrictivo y duro.

El primero de esos movimientos ha sido la activación de las peticiones de cambio de grado ante las juntas de tratamiento de cada centro y, ante las primeras negativas cosechadas, la elevación de los correspondientes recursos -algo más de una veintena- ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. El segundo gesto, según fuentes judiciales de toda solvencia consultadas por este periódico, pasa por sumarse a los programas de adaptación y superación del régimen de reclusión más exigente que ofrece el Ministerio de Interior.

Instituciones Penitenciarias cuenta con un 'programa marco de tratamiento en régimen cerrado', que persigue evitar «la desocialización y el aislamiento» del interno, favoreciendo su salida de este régimen «en el menor tiempo posible».

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