Rajoy suspende su viaje a Angola ante la posibilidad de un nuevo desafío al Estado

El presidente mantiene contactos con Sánchez y Rivera y rescata la imagen de unidad lograda en vísperas del 1-O

NURIA VEGA

madrid. En la Moncloa se analizó ayer cada posible ramificación derivada de la sesión de investidura de Jordi Turull. El clima de atención evocaba al vivido los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando las fuerzas secesionistas maniobraron en el Parlamento catalán para aprobar las leyes de desconexión. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, suspendió su agenda para encabezar las reuniones de seguimiento de cuanto transcurrió en Barcelona. Y, aunque Mariano Rajoy acudió al encuentro del Consejo Europeo en Bruselas, su entorno confirmó que el viaje a Angola previsto para este domingo quedaba aplazado. Por lo que pueda ocurrir.

El Gobierno quiere estar preparado. No tanto por el intento de investir a Turull este jueves, sino por los movimientos del independentismo a partir de hoy, una vez se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre el futuro del candidato, que podría ingresar en prisión provisional. Aún recuerdan la capacidad de los secesionistas para promover normas o reformas en la Cámara catalana al margen de las protestas de la oposición. El equipo del presidente entiende que estar a ocho horas y 6.000 kilómetros de España no es lo más aconsejable.

Rajoy ha mantenido ya contactos tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien conversó el miércoles por la noche, como con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La charla con el líder de los socialistas versó sobre el pleno de este jueves. «No se abordó con ninguna profundidad la cuestión», sostuvo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero ambas llamadas son significativas y suponen un retorno a las vísperas del 1 de octubre, cuando se proyectó una imagen de unidad frente al desafío secesionista.

Nada trascendió. En la Moncloa quieren actuar discreción. Pero lo que preocupaba ayer a primera hora eran los tiempos entre el pleno de investidura y el pronunciamiento del Supremo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió en Onda Cero que si Turull hubiese sido elegido el jueves, Felipe VI habría tenido que sancionar el nombramiento incluso estando el dirigente catalán procesado. «Los actos del Rey son actos debidos, formales», explicó. Eso sí, en ningún sitio está escrito que el monarca y el presidente del Gobierno tengan que proceder de inmediato a la firma y el refrendo de la misma. Ese escenario quedó, en todo caso, superado cuando la CUP anunció su abstención y se frustró la investidura en primera votación.

La vigencia del 155

El Ejecutivo asumió el mismo miércoles que desde el punto de vista legal nada podía reprocharse a la candidatura de Turull. «Es diputado y tiene libertad para asistir al pleno, es más de lo que podía decirse de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez», apuntaron fuentes del Gobierno.

Pero sí hubo mucho que apuntar en el plano político. Algunas voces trasladaron su percepción de que los partidos independentistas buscaban ayer «el proceso inverso al de Nelson Mandela», designar un presidente que puede acabar en prisión para fortalecer su relato. Así se explican que la máxima autoridad de la Cámara catalana, Roger Torrent, precipitara el pleno de investidura en cuanto se supo que el juez Pablo Llarena citaba para hoy a Turull y varios encausados y que cabía la posibilidad de que el candidato fuera encarcelado de manera provisional e inhabilitado.

Esta última opción, la de que el representante de Junts per Catalunya quede incapacitado para ejercer el cargo público, es la que motivó que el Gobierno sacara a relucir el artículo 155. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales compareció en el Senado y advirtió a los partidos independentistas de que el Ejecutivo no podrá retirarse de la administración catalana hasta que se constituya la nueva Generalitat de manera legal y tomen posesión todos sus miembros. «Mientras en Cataluña no haya un Ejecutivo que respete la Constitución y que defienda el Estatuto, el Gobierno de España estará allí», apremió Roberto Bermúdez de Castro. Así lo dicta el acuerdo de la Cámara alta y respaldan PSOE y Ciudadanos.

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