Rajoy redobla su advertencia a la Generalitat »

El presidente garantiza que el Gobierno responderá con firmeza al independentismo y deja «en sus manos lo que pueda pasar en las próximas fechas

NURIA VEGA

Antes de que el independentismo catalán dé un impulso decisivo a las leyes de desconexión, antes de que el calendario de la Generalitat se precipite, Mariano Rajoy lanzó ayer un último aviso y emplazó a Carles Puigdemont a desistir de sus planes de ruptura. En un discurso de carácter preventivo, urgió al bloque secesionista a «desconectar de la insensatez» y abandonar sus «amenazas absurdas». Porque de lo contrario, advirtió, como presidente no abdicará de su obligación de gobernar y hacer cumplir la ley: «En sus manos está lo que pueda pasar en las próximas fechas».

A un mes del referéndum, Rajoy depositó toda la responsabilidad en el Ejecutivo autonómico. El tono, elevado, y el mensaje, contundente, estaban medidos y dieron continuidad a la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría 24 horas antes en la reunión interparlamentaria del PP en Valencia. La vicepresidenta sentenció el viernes que el día que la Generalitat firme o bien las leyes de desconexión o la convocatoria del referéndum, habrá rubricado su salida de la democracia. «Y la democracia -avanzó- actuará con todas sus armas».

El Gobierno intenta estos días apuntalar la idea de que no está dispuesto a renunciar a ningún instrumento legal si se trata de frenar el intento de Cataluña de romper con España. Esto tampoco excluye la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se torna imprescindible para restituir la legalidad en el territorio. Ese apartado de la Carta Magna permite al Ejecutivo «dar instrucciones a todas las autoridades» de una comunidad para garantizar el cumplimiento de la ley. Se trata de un marco genérico que acepta tanto la suspensión de una autonomía como la intervención de sus competencias y que ha generado controversia entre los partidos.

Nadie lo invoca. Ni el Gobierno ni el PP. En un exceso de celo por no alimentar el independentismo, el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a descartar a mediados de agosto poner en marcha este artículo «en estos momentos» por «razones temporales y jurídicas». En el Ejecutivo, sin embargo, consideraron que ese mensaje era contraproducente.

Estrategia disuasoria

Es cierto que se ha tomado la decisión de no alentar el «victimismo» de los secesionistas y, por lo tanto, no hablar de instrumentos como el 155. «Haremos cumplir la ley con toda la legitimidad y con toda la fuerza de la ley, sin levantar la voz ni entrar en ningún enfrentamiento estéril, que es lo que pretenden los extremistas y radicales», resumió Rajoy en la clausura del cónclave de los populares en Valencia. Pero siendo así, en el Gobierno tampoco creen conveniente que se nieguen los recursos con los que cuenta el Estado. Se tenga echar mano de ellos o no.

Se busca inducir al independentismo a replantearse sus postulados. En realidad, es la misma estrategia disuasoria de siempre, pero reforzada ante la cercanía de los acontecimientos. El departamento de la vicepresidenta, encargada de la gestión del conflicto con Cataluña, hace meses que trabaja en este objetivo. Soraya Sáenz de Santamaría se ha servido de las sentencias del Tribunal Constitucional y de las inhabilitaciones de los cargos políticos que, como el expresidente catalán, Artur Mas, o el exconsejero Francesc Homs, promovieron la consulta del 9 de noviembre de 2014, para intentar convencer a la Generalitat de que su hoja de ruta sólo va a encaminada a estrellarse una y otra vez contra el Estado de Derecho.

Pero si esta vía no funciona, fuentes de la Moncloa apuntan que todos los escenarios posibles para impedir la culminación del plan independentista están contemplados. «Con proporcionalidad», sostiene Rajoy, pero con «total firmeza».

De momento, sin ánimo de anticipar, el Ejecutivo se prepara para esta semana. En el Gobierno se trabaja con la previsión de que el secesionismo pretende maniobrar para que la proposición de ley del referéndum, y es posible que también la de transitoriedad, sea aprobada en el pleno del 6 y 7 de septiembre en el Parlamento catalán. Ese sería el paso previo a la convocatoria de la consulta de autodeterminación que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre. «En un día algunos pretenden liquidar la soberanía nacional y la Constitución; no lo van a hacer», zanjó ayer el presidente. Todo está en el aire. No sería la primera vez que los secesionistas ralentizan su hoja de ruta. Así ocurrió en agosto, cuando el día 16 la Mesa del Parlamento catalán optó por no estudiar la admisión a trámite de la ley del referéndum. Pero en el Ejecutivo aseguran que si el miércoles el texto de esta norma se introduce en el pleno, el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria para autorizar al presidente a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ese mismo día, los magistrados de este órgano reanudan su actividad ordinaria y han convocado un pleno. En todo caso, aunque abordar la cuestión en esa cita programada contribuiría a transmitir una imagen más serena, el Constitucional puede reunirse de urgencia siempre que sea necesario.

Lo que ninguna de las partes sabe pronosticar es qué ocurrirá el día después de que el tribunal, con toda probabilidad, suspenda las normas encaminadas a proclamar la república catalana, y si esa decisión judicial constituirá el «choque de trenes» del que tanto se ha hablado o el enfrentamiento aún estará por llegar.

Siendo así, el presidente reclamó a la Generalitat «recuperar la cordura y volver al diálogo» y censuró que el Ejecutivo de Puigdemont esté «secuestrado por radicales». Pero replicó que el «golpe» que planean, la «voladura» de la Constitución, no será posible. «Nadie -concluyó el presidente- va a liquidar la democracia».

Más

Fotos

Vídeos