Rajoy reclama confianza en su respuesta a Cataluña: «Sé lo que se espera de mí»

Rajoy saluda al líder socialista, Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la Moncloa. :: emilio naranjo / efe
Rajoy saluda al líder socialista, Pedro Sánchez, a su llegada ayer a la Moncloa. :: emilio naranjo / efe

El Gobierno emplaza por carta a los ayuntamientos a desoír a la Generalitat y a no ceder locales para el referéndum

NURIA VEGA

madrid. Medir con precisión la respuesta del Estado al desafío del independentismo en el Parlamento de Cataluña es un reto para el Gobierno tan relevante como impedir que el 1 de octubre se celebre el referéndum de autodeterminación. De ahí que Mariano Rajoy, habituado a los reproches de inmovilismo y tibieza, trufara su intervención de ayer en la Moncloa de continuas apelaciones a la «serenidad». Una cualidad que el presidente no contrapone en ningún caso a la «firmeza». «Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento -garantizó-, soy muy consciente de lo que está en juego y sé lo que se espera de mí».

Fue la suya una comparecencia de veinte minutos destinada en buena medida a pedir un voto de confianza. Pero no un acto de fe. Una y otra vez, arropado por todos sus ministros, insistió en que no habrá consulta en Cataluña y en que el Gobierno va a hacer «todo lo necesario», sin renunciar a ningún instrumento, para que nadie liquide «de un plumazo el modelo de convivencia». «Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento y tímido ante la osadía de quienes lo desafían, pero las apariencias no deben llevarnos a engaño», advirtió con la promesa de que «nadie vacilará».

Ayer, sin embargo, mantienen en la Moncloa, lo que tocaba era no ir más allá de los recursos ante el Tribunal Constitucional. El Consejo Ministros, reunido de manera extraordinaria, autorizó al presidente a impugnar la ley del referéndum, el decreto de convocatoria de la consulta, las normas complementarias para su celebración y la designación de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

«Respuestas jurídicas para actos con consecuencias jurídicas», sostienen en el Gobierno. «Toda acción desproporcionada -explican- nos restaría el poso razonable que tienen las decisiones que vamos adoptando; pero una vez que el tribunal se pronuncie, los actos encaminados a la organización del 1 de octubre habrán de ser impedidos. Si es necesario por la fuerza».

La Abogacía del Estado reclamó ayer, de hecho, al Constitucional que notifique a la Generalitat en pleno, a los altos cargos y los 947 alcaldes catalanes que su deber es impedir y paralizar toda iniciativa encaminada a hacer posible la consulta. Con ese mismo objetivo, el departamento de Soraya Sáenz de Santamaría envió una misiva a los secretarios e interventores de los ayuntamientos de Cataluña para que desoigan al Gobierno autonómico y no cedan locales para la votación del 1 de octubre.

La carta, firmada por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, es la segunda parte de aquella remitida a principios de julio y en la que también se advertía de la ilegalidad del referéndum.

Llamada a la ciudadanía

Al mismo tiempo, Rajoy emplazó a los secesionistas a abandonar la senda emprendida y censuró que hayan hecho «saltar por los aires la práctica parlamentaria» ante «el estupor, la indignación y el sonrojo de todos». En contraposición, agradeció el presidente el papel ejercido por los letrados de la Cámara y por la oposición. «Perdieron una votación, pero han obtenido una gran victoria política», puso en valor tras su encuentro con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y antes de verse con el de Ciudadanos, Albert Rivera en la Moncloa.

El jefe del Ejecutivo cree, sin embargo, que la tarea también concierne a los ciudadanos, a quienes instó a no sentir como algo ajeno lo que afecta a «su país y su futuro».

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