Rajoy ordena templanza para evitar un «incendio» en las calles de Cataluña

El presidente pidió al secretario de Relaciones con las Cortes que explicara al PP catalán la respuesta del Gobierno al órdago de la Generalitat

NURIA VEGA MADRID.

En la Moncloa, donde han reiterado hasta la extenuación que todos los escenarios, incluso los de desobediencia al Tribunal Constitucional, están previstos, se teme un único factor de descontrol: el recurso de la violencia en las calles de Cataluña. En los últimos días Mariano Rajoy se ha empeñado en que sus portavoces, los del Gobierno y el PP, llamen a la ciudadanía y cargos públicos a mantener la sensatez durante los próximos veinte días para evitar altercados. Porque si en el plano político y judicial la confrontación total podría estar garantizada, el presidente confía en que no se cruce la línea roja de lo físico.

Ya en las primeras horas de la Diada, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reclamó «tranquilidad» para que ninguna de las convocatorias de este lunes concluyera en acciones violentas. El mensaje coincide con la apelación del portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que el pasado viernes buscó la complicidad de la sociedad catalana para frenar cualquier incidente.

En realidad, en la Moncloa sostienen que se trata de prevenir e intentar rebajar la crispación ahora que los ánimos se enardecen a medida que se aproxima la fecha del referéndum. Precisamente esa es la razón, aseguran en el Gobierno, por la que el presidente mide su respuesta a cada decisión de la Generalitat e incide en la «moderación y proporcionalidad» como única vía a transitar. En su entorno se ha diseñado una estrategia que, sin descartar en caso de ser necesarias las medidas más contundentes -incluso el artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de competencias autonómicas-, no favorezca la movilización que necesita el independentismo antes del 1 de octubre.

«Probablemente ellos intenten incendiar cuanto más la calle y nosotros intentaremos preservar cuanto más la seguridad, la legalidad y los derechos fundamentales de todos los catalanes», alertó ayer el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, tras el comité de dirección presidido por Rajoy en la sede nacional del partido.

El germen de la duda

El presidente, que el jueves compareció en la Moncloa para anunciar los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pidió la semana pasada un voto de confianza en su gestión. Apuntan en el Ejecutivo que darán una respuesta firme pero serena, incluso «educada», pero es consciente de que hay sectores de su formación que pueden estar preguntándose por qué no se ha llegado más lejos para frenar la deriva separatista tras la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlamento autonómico.

Es por eso que, según confirman fuentes del PP en Cataluña, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, participó el viernes en un encuentro del partido en previsión de tener que calmar los ánimos. Recuerdan que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hace semanas que alude a la tibieza del Gobierno y recuerda que el 9 de noviembre de 2014 se permitió la consulta.

Las mismas voces del PP garantizan, sin embargo, que Ayllón no se topó con resistencias a la hoja de ruta del Gobierno y explican que sobre el terreno los populares son conscientes de la importancia de no resbalar ahora con una reacción desmedida que sólo aporte argumentos a la Generalitat. «Ante un chantaje delincuente, ante esta postura del abusón de discoteca que intenta gritar mucho para ver si le sueltas la primera tú, estoy de acuerdo con estrategia del Gobierno -respaldó Casado-; a cada paso una respuesta».

Además, el vicesecretario de Comunicación restó al Ejecutivo de Carles Puigdemont, «que ha espiado los datos fiscales de su pueblo, clasificado a jueces entre afines o desafines y purgado sus propias filas», toda legitimidad para gestionar el día después del referéndum.

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