Rajoy da por desmantelado el referéndum secesionista

Mariano Rajoy, momentos antes de pronunciar su declaración institucional, anoche en Moncloa. :: Chema Moya / efe

El presidente amarra el apoyo de Sánchez y Rivera en pleno terremoto político por los arrestos en Cataluña El Ejecutivo admite su «preocupación» por la tensión en las calles y pide a la Generalitat evitar males mayores

NURIA VEGA MADRID.

El presidente del Gobierno enterró ayer el referéndum del 1 de octubre. Mariano Rajoy compareció en la Moncloa a las nueve de la noche y tras una jornada de arrestos, registros e incautaciones de material, el jefe del Ejecutivo dio por desmantelada la consulta y llamó a la Generalitat a abandonar sus propósitos. «Saben que este referéndum ya no se puede celebrar, nunca fue legal ni legítimo, ahora no es más que una quimera imposible», sentenció.

Con la seguridad de contar con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, Rajoy intentó disuadir al independentismo de seguir adelante. «Permitan -pidió- que la gente pueda pasar página de estos días tan aciagos».

En los momentos álgidos de la crisis catalana, el presidente siempre se ha procurado el respaldo de socialistas y liberales. Lo hizo el 7 de septiembre, cuando a punto de aprobar el secesionismo la última de las leyes de desconexión y convocado formalmente el referéndum, citó en la Moncloa, siempre por separado, a Pedro Sánchez y Albert Rivera. Ayer el protocolo volvió a activarse con dos encuentros que sirvieron al jefe del Ejecutivo para ahuyentar las sombras de fragilidad en la posición común frente al desafío independentista.

A primera hora de la mañana, el secretario general del PSOE se desplazó hasta la sede del Gobierno para analizar la situación en Cataluña tras las últimas detenciones de altos cargos de la Generalitat. La reunión no trascendería hasta pasadas las doce y media, cuando Rivera tomó el relevo de Sánchez y trasladó al presidente su respaldo sin fisuras. «Es momento de serenidad, pero también de firmeza», argumentó el líder de Ciudadanos.

Fuentes de su entorno revelaron que la cita se había concertado durante el día anterior. Es decir, horas antes de que la Guardia Civil procediera a registrar consejerías, naves e instituciones de la Generalitat; el martes en el que el Congreso evidenció sus diferencias sobre cómo afrontar el reto catalán y tumbó, con los votos del PSOE, una proposición no de ley de Ciudadanos que planteaba cerrar filas con el Gobierno y el poder judicial.

Esa tarde dejó el sabor agridulce del desencuentro. Pero ayer, el PSOE dejó claro su respaldo al Ejecutivo. Las detenciones que se estaban practicando en Cataluña no alteraron el discurso. «En este país todos los registros se hacen por decisión judicial, es un Estado democrático de Derecho», enfatizó el secretario de Organización de la segunda fuerza política, José Luis Ábalos.

Fuentes de la Moncloa confirmaron su satisfacción con la respuesta de los dos partidos en una jornada de difíciles equilibrios en la que los arrestos de miembros de la Generalitat provocaron en las calles la reacción que el Gobierno quería contener. En el Ejecutivo confesaron su «preocupación» por la tensión disparada en cuanto salió a la luz la operación de la Guardia Civil. En todo caso, incidieron en que tras la orden de registro e incautación de material estaba un juez, «independiente» del poder ejecutivo, movido «por el deber» de frenar la votación ilegal del 1 de octubre.

El Gobierno, el mismo que presentó recursos ante el Tribunal Constitucional para dejar en suspenso la ley del referéndum, la de transitoriedad y el decreto de la convocatoria de la consulta, señaló que una vez activados los mecanismos judiciales, la maquinaria del Estado de Derecho tiene vida propia.

Discurso y realidad

Si las detenciones encuentran un encaje complicado en el discurso de mesura y proporcionalidad que venía trasladando el presidente en las últimas fechas, Rajoy desechó esta hipótesis. Prometió ayer «prudencia», pero avanzó que «cada ilegalidad y cada vulneración tendrá su respuesta firme» e instó a los dirigentes catalanes a evitar males mayores. «Estaban avisados», había sostenido doce horas antes en el Congreso. Ya por la noche recordó su promesa de que el «Estado de Derecho no fallaría».

Para entonces el presidente de la Generalitat ya había acusado al Gobierno de suspender de facto la autonomía catalana. Una tesis que se apresuró a negar el portavoz del Gobierno. Íñigo Méndez de Vigo no sólo sostuvo que el Ejecutivo «respeta más que nadie» el autogobierno de Cataluña, sino que recordó a Puigdemont que en democracia no se desobecen las leyes ni se busca la legitimidad «en las manifestaciones callejeras». Sobre este último punto y después de que Podemos llamara a la movilización, se pronunció Rajoy: «A quienes aprovechan el órdago independentista para generar inestabilidad en las calles y debilitar nuestras instituciones, les advierto de que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad».

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