Rajoy deja en suspenso al Govern de Torra y mantiene 'sine die' el 155

El Ejecutivo, ante la sorpresa inicial que supuso que Torra nombrara a su equipo contrarreloj el sábado a media mañana, decidió, ante todo, ganar tiempo para que a partir de hoy los servicios jurídicos del Estado preparen la respuesta al órdago que supuso que Torra designara para su gabinete a los encarcelados Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia) y a los fugados Lluis Puig (Cultura) y Toni Comín (Sanidad).

Rajoy, antes de comunicar su decisión de dejar en suspenso los nombramientos, comunicó el sábado por la tarde a los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, su determinación de aplazar, al menos por unos días, la respuesta jurídica del Gobierno ante el nuevo desafío. Y, mientras tanto, congelar el nacimiento del Govern.

Sánchez y Rivera, según diversas fuentes, mostraron su apoyo a la estrategia de sosegar la situación manteniendo en 'stand by' la publicación de las designaciones, abortando así la toma de posesión de los nuevos consejeros y, por tanto, ampliando automáticamente la vigencia del artículo 155.

Socialistas y Ciudadanos coincidieron con el Ejecutivo de Rajoy en su análisis de que no hay «problemas legales» para mantener la vigencia de la intervención de la Generalitat porque el acuerdo del Senado del pasado 27 de octubre fijó que la aplicación del 155 no decae hasta el momento en que haya un nuevo Govern legalmente constituido. Y el artículo 17.2 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña establece: «El Gobierno queda constituido tras haber tomado posesión del cargo todos sus miembros».

El aviso oficial a Torra de que su órdago había sido respondido desde Moncloa fue sin aspavientos. Según se supo ayer, el sábado por la noche, con una carta casi burocrática, José María Jover, el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, comunicó a Víctor Cullell, secretario del Govern, que el Ejecutivo no veía problema alguno para publicar el Decreto 1/2018 en el que Torra establecía el número de consejerías y sus competencias, pero que sí tenía objeciones con el segundo, el Decreto 2/2018, en el que, de manera conjunta se nombraba al vicepresidente y a todos los consejeros.

Jover avisó a la Generalitat que, habida cuenta de las «circunstancias» en las que están inmersos Rull, Turull, Puig y Comín, el Gobierno va a analizar la «viabilidad» del nuevo Ejecutivo autonómico y que mientras no habrá nombramientos. En la misiva, en la que el Gobierno no se fija plazos para estudiar el polémico decreto, la Moncloa incluyó un aviso al Govern: la publicación de los nombramientos -que daría luz verde a las tomas de posesión, a la constitución formal del Ejecutivo autonómico y, por ende, al fin del 155- «requiere la autorización por parte del Gobierno de la Nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos». El Ejecutivo de Rajoy, desde la intervención de la Generalitat en octubre, controla el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, único medio legal para publicar los nombramientos.

Pero una cosa es mantener en suspenso los nombramientos por unos días bajo el argumento de que se está analizando la «viabilidad» de las designaciones y otra -«mucho más complicada», según admitieron ayer en Moncloa- son los argumentos jurídicos para, llegado el caso, transformar el veto al Govern de Quim Torra de provisional a definitivo.

El Gobierno, además de la Abogacía del Estado, se plantea consultar al Consejo de Estado, quien ya avaló, en el caso de la investidura telemática de Puigdemont, que la toma de posesión debía ser presencial. Antes de cualquier recurso ante el Constitucional, el Ejecutivo quiere también que el juez Llarena se pronuncie sobre la petición de Turull y Rull de salir de prisión para poder jurar o prometer su cargos.