Rajoy da voz a sus barones en la estrategia del Gobierno para rearmarse frente Ciudadanos

Mariano Rajoy posa ayer con los barones territoriales del PP antes de la reunión que mantuvo con ellos en Madrid. :: Juan Carlos Hidalgo / efe/
Mariano Rajoy posa ayer con los barones territoriales del PP antes de la reunión que mantuvo con ellos en Madrid. :: Juan Carlos Hidalgo / efe

Concede que no habrá quita para las autonomías más endeudadas en una reunión en la que se quiso evitar al partido de Rivera

NURIA VEGA MADRID.

Los dos barones del PP con más ascendencia en el partido abandonaron ayer satisfechos la sede nacional de la calle Génova, donde Mariano Rajoy reunió a sus dirigentes territoriales. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Juan Vicente Herrera estaban dispuestos a aceptar de buen grado que el Ministerio de Hacienda condone la deuda contraída por aquellas comunidades autónomas que más dinero han recibido de mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómico o el plan de pago a proveedores. Por eso, que Cristóbal Montoro garantizara que no habrá quita, calmó este lunes las aguas de la formación conservadora.

Son los presidentes de dos de las autonomías donde el PP aún conserva su poder territorial y ambos estaban de acuerdo en que la medida que se desprendía de las declaraciones del ministro el 31 de enero en el Congreso premiaba a los gobiernos más endeudados frente a los cumplidores con los objetivos de estabilidad. «No sería razonable», zanjó Feijóo, mientras Herrera calificó la propuesta de «regalo». La puerta, sin embargo, sigue abierta a encontrar una fórmula para aligerar la carga de los territorios más deficitarios.

«Si no es una quita, habrá que hacer otra cosa, pero algo hay que hacer con esa deuda que se ha generado en algunas comunidades autónomas, que no ha sido responsabilidad de ellas», advirtió el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que comparte más intereses con la Comunidad Valenciana, Baleares o Andalucía.

Si algo quedó claro, en todo caso, en las tres horas y media de encuentro, es que no es el momento de fisuras. Rajoy convocó a todos sus barones a un almuerzo de trabajo con la cúpula al completo del PP, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda. La idea era reforzar la coordinación entre el Gobierno, la dirección del partido y las organizaciones territoriales y dar voz a los suyos para reforzarse a año y medio de las elecciones locales y autonómicas y cuando la agenda de la legislatura exige actuar al unísono.

Fuentes gubernamentales subrayaron lo inapropiado que resultaría ahora «patinar» en disputas internas con Ciudadanos acechando en el centro derecha y con una exigua mayoría en el Congreso. De ahí que el encuentro de ayer se centrara en fijar posición en los asuntos en los que el Gobierno dará la batalla.

En primer lugar, Rajoy encomendará a un grupo de trabajo elaborar un documento conjunto sobre el modelo de financiación que será respaldado por el PP en todas las comunidades, donde gobierne y donde no, y que servirá de referencia para negociar con el PSOE. Porque el apoyo de los socialistas, tanto en el Congreso como en las autonomías, es condición indispensable para que la reforma salga adelante. Y del mismo modo se procederá en materia de agua y demografía.

Ni una palabra

«Se trata de actuar», defendieron las mismas fuentes populares que solían censurar la parálisis del Gobierno. Y esta es la puesta en práctica de la nueva estrategia del PP.

Ni tan siquiera se habló, al menos según la dirección, del empuje de Ciudadanos ni del retroceso de los populares en los sondeos. «Ni un segundo, ni un minuto, nada. Tampoco de crisis de Gobierno», rechazó el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, aunque los barones habían reconocido su preocupación en la puerta de Génova.

La foto misma de la reunión, ya sirvió, según la cúpula, para sacar pecho de la estructura territorial del PP frente a Ciudadanos. Lo único que empañó el encuentro fueron las declaraciones del exconsejero Francisco Granados ante el juez del caso Púnica contra la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes.

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