Rajoy asume la responsabilidad total de su gestión de la crisis catalana

El Ejecutivo ha intentado contrarrestar la impresión de inacción que ha vuelto a instalarse al observar la forma de proceder del presidente. Se recuerda que el Gobierno puso en marcha la maquinaria, imparable para bien o para mal, del Estado de derecho al recurrir en los tribunales cada acto administrativo y con visos de inconstitucionalidad de las fuerzas independentistas. Que al mismo tiempo se resolvió reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotar a este órgano de capacidades ejecutivas -imposición de multas o suspensión de cargos públicos- para garantizar que sus resoluciones se cumplen. Y que se intervinieron las cuentas de la Generalitat.

Pero, pasado el 1 de octubre y no habiéndose logrado poner fin a la tensión que amenaza con ruptura, voces de distinto signo político presionan al Gobierno para que aplique el artículo 155 de la Constitución y se adentre en el territorio desconocido de la suspensión de la autonomía catalana.

Hace años que catedráticos especializados en Derecho Constitucional se refieren a este precepto de la Carta Magna como la bala de plata de un Gobierno para resolver un conflicto cuando la situación ya es irreversible. Sin desarrollo legal, sin embargo, en la Moncloa a estas alturas siguen advirtiendo de que comporta riesgos que deben ser tenidos en cuenta antes de su aplicación. «Porque después del 155 ¿qué?», repiten cargos del Ejecutivo.

Ciudadanos ha hecho una apuesta por el discurso de que todo aboca a la activación de este artículo, pero con el objetivo de que se asuman las competencias del presidente catalán y se convoquen de inmediato elecciones en la comunidad autónoma. Fuentes del PP, sin embargo, ven en los liberales desde hace tiempo ansias de comicios y temen que la insistencia de Albert Rivera haya abierto una brecha ya en el partido conservador.

Dirigentes del Partido Popular formados en Derecho sostienen que esa interpretación del 155 que permitiría llamar a las urnas está «muy forzada». Tampoco los expertos constitucionalistas del PSOE comparten que el controvertido apartado de la Carta Magna esté previsto para la disolución del Parlamento autonómico ni que tenga como objeto la convocatoria electoral. En todo caso, argumentan que «ahora mismo una medida tan extrema no tendría sentido».

Desde el punto de vista político, además, en el PP cuestionan que convenga solucionar el conflicto con unos comicios cuando Carles Puigdemont no ha retirado su hoja de ruta para romper con España de manera unilateral y el «suflé» de la confrontación de las últimas semanas no ha bajado en absoluto.

Pero más allá de la propuesta de Ciudadanos, entre los populares se ha abierto el debate sobre si conviene proceder ya con toda la fuerza legal sin esperar a que los secesionistas muevan ficha, aun a sabiendas de que, siendo garantistas, la puesta en marcha del 155 puede exceder los cinco días que, más o menos, calculaban en la Moncloa para la culminación de la intervención.

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, advirtió el jueves a través de su fundación, FAES, de que el Ejecutivo cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para restituir la legalidad en Cataluña. Y en la misma dirección, algunos veteranos del PP sugieren que hace tiempo que debió plantearse la intervención parcial de Cataluña, hacerse con las competencias en materia económica y de seguridad para frustrar, en primer lugar, el referéndum.

Admiten, aun así, que el clima político en verano remaba en contra de esa opción. «Se demonizó la aplicación del artículo 155», recuerdan. Ni entonces Ciudadanos lo tenía tan claro, ni el PSOE lo consideraba oportuno. «Espero que haya soluciones previas menos cruentas y dialogadas para que eso no se produzca», sostuvo el portavoz de los socialistas, Óscar Puente, a mediados de junio. En todo caso, la responsabilidad seguía en el tejado del Gobierno.

Llegados a este punto, ninguna maniobra parece sencilla. Tímidamente se abre la vía del diálogo, condicionada, según el Ejecutivo, a que Puigdemont detenga el tren de la secesión y retorne a la legalidad. Se confía en que ese llamamiento, sumado a la posible fuga de empresas de Cataluña o incluso las diferencias de criterio en el frente independentista, comience a abrir una rendija. Aunque una vez resuelto el qué, llegará el debate del quién y de si los interlocutores actuales de uno y otro lado siguen siendo válidos para resolver la crisis.