Rajoy asume que Puigdemont desobedecerá al Constitucional

Los diputados del PP pasan por delante de Rajoy tras el pleno del Congreso del pasado miércoles. :: Emilio Naranjo / efe/
Los diputados del PP pasan por delante de Rajoy tras el pleno del Congreso del pasado miércoles. :: Emilio Naranjo / efe

La Moncloa espera que su arsenal jurídico impida celebrar un referéndum cuya convocatoria ya parece inevitable

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Mariano Rajoy ha desistido de convencer a Carles Puigdemont para que renuncie a sus planes soberanistas. Sabe que la suerte está echada y que el presidente de la Generalitat va a convocar, todo apunta a esta misma semana y con la firma de sus 13 consejeros, el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. La incógnita está en si las medidas coercitivas que ordenarán el Tribunal Constitucional y el Gobierno serán suficientes para evitar la consulta. Los independentistas dicen que no, La Moncloa quiere pensar que sí.

En la Presidencia del Gobierno creen que ya no hay de qué hablar con Puigdemont y los soberanistas respecto al referéndum. No se descarta una llamada de Rajoy a última hora, pero será para que quede constancia de que intentó parar la consulta secesionista hasta el final. La sensación es que se ha llegado a un punto de no retorno porque nadie puede echarse atrás a estas alturas tras cinco años de pulso.

Si como todo hace prever el Parlamento de Cataluña aprueba en su pleno de esta semana la ley de referéndum y el presidente catalán convoca la votación, el Gobierno recurrirá ambas decisiones ante el Constitucional, que las anulará de inmediato. Pero Puigdemont y los soberanistas no han dejado lugar a las dudas de que desobedecerán. La corte es competente para ordenar en ese caso la inhabilitación del presidente catalán, sus consejeros y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Pero esa medida sería papel mojado a tenor de lo que dicen los presuntos destinatarios. Puigdemont fue cristalino ayer en una entrevista en La Vanguardia: «No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones». Solo puede ser suspendido, según su criterio, en las circunstancias que fija el Estatuto de Cataluña y, por tanto, si el Constitucional da ese paso «nos deberíamos plantar».

El Gobierno también puede recurrir al Código Penal que tipifica la rebelión, la sedición, la desobediencia a resoluciones judiciales o la resistencia a la autoridad con penas de cárcel y multas elevadas. Mas no parece que esa vía vaya a hacer cambiar de opinión a los independentistas, sobre todo después de que Puigdemont prescindiera en julio de sus consejeros más tibios y preocupados por su patrimonio.

También está sobre la mesa de los despachos de la Moncloa la declaración del estado de excepción, una potestad del Gobierno que requiere la autorización del Congreso; o el de sitio, que lo declara la Cámara por mayoría absoluta. Pero la composición del Congreso, con un PP en minoría, no facilita ambas respuestas salvo que el Gobierno cuente con el auxilio incondicional del PSOE, del que los populares dudan.

155 y Seguridad Nacional

A Rajoy siempre le quedará el recurso de echar mano de los dos argumentos legales más contundentes, el artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El presidente del Gobierno siempre ha dicho que actuará con proporcionalidad, y esos dos recursos parecen más apropiados, a juicio de fuentes gubernamentales, para una fase posterior si el referéndum se celebra y se produce la anunciada declaración de independencia de Cataluña.

El artículo 155, que no es sinónimo de la suspensión de la autonomía por más que se cite en ese sentido, no es un paso que se puede dar en dos días, aunque en el Ejecutivo aseguran que el tiempo no es problema porque la aplicación puede solventarse con rapidez. La norma establece que hay que enviar un requerimiento al presidente desobediente, y si no lo atiende, el Senado por mayoría absoluta, que el PP tiene asegurada, podría «adoptar las medidas necesarias» para que se cumpla la legalidad. No dice cuáles serían las medidas, y como nunca se ha aplicado esta disposición constitucional con una comunidad, quedaría al albur del Gobierno fijar su alcance, que podría ir desde la destitución de las autoridades a que las competencias autonómicas sean ejercidas por la administración central.

La Ley de Seguridad Nacional permite al presidente del Gobierno declarar por decreto la «situación de interés para la seguridad nacional» para todo el territorio o en determinado ámbito geográfico del país y asumir el control en esa parte «con el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional». Esta ley obliga a todas las autoridades a aplicar las disposiciones que emanen del Ejecutivo central para solventar la crisis. Es una norma que el PP impulsó para el caso de catástrofes naturales, o eso se dijo en el momento de su debate parlamentario y aprobación en julio de 2015, pero que puede ser la última herramienta del Gobierno de Rajoy.

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