Rajoy asume en primera persona la gestión de una crisis que marcará su carrera política

El presidente se fija como prioridad frustrar el referéndum en Cataluña tras dar su palabra de que no habrá consulta

NURIA VEGA MADRID.

La noche del 6 de septiembre, la imagen retransmitida en directo de las fuerzas independentistas entonando en pie 'Els Segadors' tras aprobar en el Parlamento catalán la ley del referéndum, desbordó todas las predicciones. El Gobierno, pese a ser consciente de la magnitud del desafío, mantuvo durante el primer semestre de 2017 la confianza en un giro de los acontecimientos que desembocara en unas elecciones autonómicas anticipadas. Sin embargo, a dos semanas del referéndum y publicadas las normas de desconexión, es indudable que el segundo mandato de Mariano Rajoy, y probablemente su trayectoria política, quedarán marcados por la gestión de una crisis de Estado de evolución desconocida.

El estallido del secesionismo en Cataluña ha interrumpido de momento la legislatura de la fragmentación política -aquella en la que la oposición se había planteado revertir buena parte de la obra legislativa de la mayoría absoluta del PP- y ha obligado al presidente a asumir en primera persona el manejo de la situación. Fuentes de la Moncloa confirman que Rajoy, sabedor de lo que se juega, coordina la estrategia. Aunque aseguran que ya en los últimos tiempos había asistido a varios de los encuentros del equipo que trabaja en la respuesta al independentismo.

Un grupo que hasta hace poco tenía por costumbre reunirse los jueves. Representantes y asesores de los departamentos de Presidencia, Justicia, Interior, Hacienda -e incluso, en determinados momentos, Exteriores-, han ido estudiando los anuncios de la Generalitat, los movimientos y los amagos de los partidos secesionistas. Ese análisis interministerial es el que ha permitido que sobre la mesa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, haya una reacción prevista para «cada escenario», como repiten todos los días en la sede del Gobierno. Y allí, hoy por hoy, la prioridad es detener el referéndum.

«No he dedicado tantos años de vida a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo», proclamó el jefe del Ejecutivo el pasado día 7 de septiembre en una comparecencia institucional en la Moncloa. Para entonces su mano derecha, Sáenz de Santamaría, ya había garantizado que el 1 de octubre no habrá urnas de votación en Cataluña.

El plan para impedir la colocación o el uso de las mismas se guarda a buen recaudo en los despachos gubernamentales. Pero una vez formulada la promesa de que el 1 de octubre no será la segunda parte del 9 de noviembre de 2014, el Gobierno sabe que su credibilidad depende de que no haya consulta.

Por eso las declaraciones del ministro de Justicia el pasado en martes alertaron a algunos representantes del PP, que aún recuerdan que el 9-N los catalanes sí pudieron votar. «No va a haber un referéndum; que puede haber una urna en una plaza de un pueblo o que el domingo día 1 haya un evento social y 'castellers', una 'butifarrada' y una urna, pues no hay que descartarlo y es muy probable que eso exista», apuntó Rafael Catalá en TVE. Fuentes del Gobierno, sin embargo, se apresuraron a matizar que la batalla se dará en las grandes ciudades, allá donde se dirime el éxito o el fracaso de la convocatoria. Y explicaron que el foco del Ejecutivo no estará puesto en pequeños municipios donde «alguien puede colocar una caja» sin ninguna garantía.

Frustrar los preparativos

Ya en mayo en la Moncloa confesaron su interés en frenar la consulta en la fase preparatoria. Desde entonces la Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el concurso para la adquisición de urnas; Rajoy y Sáenz de Santamaría han intensificado sus contactos con los representantes de la función pública catalana para prevenir su colaboración en el referéndum; Hacienda ha intentado monitorizar semanalmente los gastos de la Generalitat hasta proceder a la intervención de sus cuentas, sin la certeza de que ni un solo euro se haya empleado en la consulta; y Administraciones Territoriales ha advertido a los ayuntamientos de las consecuencias de su implicación en la organización del 1 de octubre.

El fiscal general del Estado no descartaba incluso ayer, en una entrevista en 'El Mundo', que llegado el caso sea procedente el arresto de Carles Puigdemont. «Se podría considerar, porque el objetivo principal es impedir que se celebre el referéndum», apuntó José Manuel Maza, dejando en el aire que proceder de este modo antes del 1 de octubre sea «más negativo o positivo».

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