Si quieren urnas «tendrán que pagarlas ellos»

R. G. MADRID.

El Gobierno de Mariano Rajoy avisó a los consejeros de que si quieren comprar urnas para el referéndum «tendrán que pagarlas ellos» porque no podrán cargarlas al presupuesto de la Generalitat. El ministro portavoz volvió a recordar ayer al Ejecutivo de Carles Puigdemont que todo preparativo de la consulta es ilegal, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, remató Iñigo Méndez de Vigo, «ni un euro de los catalanes puede ir a eso».

Los cuatro exgobernantes catalanes procesados y condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 - Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau-, deberán hacer frente con su patrimonio a los 5,2 millones de euros que el Gobierno catalán destinó para organizar la votación. Saldrían a millón y cuarto por cabeza, de acuerdo a la resolución que ultima el Tribunal de Cuentas ante una demanda presentada por la plataforma Sociedad Civil Catalana.

Lo mismo pasará con los gastos que genere el referéndum del 1 de octubre si es sufragado con fondos públicos y siempre que el Tribunal Constitucional, como es de prever, declare ilegal la consulta secesionista cuando sea impugnada por el Ejecutivo central una vez que se convoque, probablemente en septiembre.

El Gobierno de Rajoy no tomó ayer medidas contra la compra de las urnas porque el Ejecutivo de Puigdemont no formalizó esa decisión. Si lo hubiera hecho, la demanda se hubiera presentado en 24 horas a lo máximo, confirmaron fuentes gubernamentales.

En la anterior adquisición, en mayo, el Gobierno catalán presupuestó 184.000 euros para 8.000 urnas de metacrilato, pero el concurso quedó desierto porque las empresas que aspiraban al contrato no superaron los requisitos. En esta ocasión, la idea del Ejecutivo de Puigdemont es comprar 8.200 con un coste en torno a los 200.000 euros. Una suma que, según la Moncloa, deberían cofinanciar entre los 15 miembros del Gobierno, a poco más de 13.000 euros cada uno.

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