Querella por rebelión contra los 20 promotores del procés

El fiscal general ayer durante el anuncio de las querellas. :: efe/
El fiscal general ayer durante el anuncio de las querellas. :: efe

Maza incluye en sus actuaciones los hitos del plan secesionista desde las elecciones de 2015 hasta la aprobación de la DUI El fiscal general señala a Puigdemont, Junqueras, Forcadell, exconsejeros y diputados

MATEO BALÍN MADRID.

La Fiscalía General del Estado se querelló ayer por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los 20 promotores de dos años de proceso independentista en Cataluña, que comenzó en noviembre de 2015 y culminó el pasado viernes con la aprobación en el Parlament de la llamada declaración unilateral de independencia (DUI). Las actuaciones penales van dirigidas contra los 14 exmiembros del Govern, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, y seis de los integrantes de la Mesa de la Cámara catalana presidida por Carme Forcadell, que acordaron tramitar y votar la propuesta de Junts pel Sí y la CUP pese a los informes adversos de los letrados del Parlament.

La primera querella de 118 folios presentada en la Audiencia Nacional afecta a los integrantes del Govern y será instruida por la juez Carmen Lamela, que ya dirige la causa por un delito de sedición contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por obstaculizar supuestamente el trabajo de la comisión judicial de la 'operación Anubis' del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Unas pesquisas que se han acabado ampliando al referéndum ilegal del 1 de octubre y que ha acabado con los responsable de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en prisión provisional sin fianza.

En esta querella se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Merritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Merritxell Serret. Todos ellos ya están imputados por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de aprobar las llamadas leyes de ruptura el 6 de septiembre.

Por su parte, la querella de 116 páginas anunciada ayer por el fiscal general, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo afecta a seis integrantes de la Mesa del Parlament: los diputados de Junts pel Sí Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó y Ramona Barrufet, y el integrante de Catalunya Sí Que es Pot Joan Josep Nuet.

Salvo Corominas, el resto tienen también una causa abierta en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar las leyes del referéndum. La particularidad de estos querellados es que, pese a que aún son aforados por formar parte de la Diputación Permanente del Parlament, la Fiscalía considera que deben ser investigados por el Supremo porque los posibles delitos no solo se cometieron en Cataluña, sino que tuvieron impacto fuera de la comunidad y en el extranjero.

Comparecencias «urgentes»

Las actuaciones no incluyen peticiones a los jueces de detenciones inminentes, aunque sí las comparecencias «urgente» de los denunciados con presencia de sus abogados una vez que que se admitan las querellas. La Sala Segunda (Penal) del Supremo, sin ir más lejos, empezó a verla ayer. Asimismo, los textos cifran en 6,2 millones de euros la responsabilidad civil conjunta que deberían de asumir los querellados en caso de una condena.

La relación de hechos incluidos en la querella se extienden desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 27 de octubre de 2017. En concreto, desde que el Parlament aprobó por 72 votos a favor -Junts pel Sí y CUP- y 63 en contra la resolución sobre el inicio del procés como consecuencia de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, marcadas como «plebiscitarias» por los partidos secesionistas, hasta la ratificación de la DUI en el Parlament con 70 votos a favor de un total de 135.

Entre medias, se detallan hechos recientes como las movilizaciones «tumultuarias» desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones o los actos de acoso en forma de escraches a policías y guardias civiles en sus lugares de trabajo y de descanso. «Todo esto ejemplifica cómo por parte de los querellados no buscaban simplemente contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad, lo cual no sería objeto de reproche, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin».

El texto de Maza sitúa a los Mossos como clave para los planes de los supuestos rebeldes: «La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución».

Con todos estos mimbres, concluye el fiscal, llegaron a la DUI «por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones judiciales y las fuerzas del orden público».

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