Las pymes abarrotan las notarías para pedir el cambio de domicilio

JOSÉ M. CAMARERO

madrid. Desde que comenzó el goteo de compañías catalanas que optaron por trasladar su sede social fuera de Cataluña -primero, los dos grandes bancos, Sabadell y CaixaBank, y después otras firmas históricas hasta alcanzar un éxodo de 540 compañías-, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se han sumado a un movimiento que les ha dirigido a las notarías para intentar realizar un cambio de domicilio jurídico que en todos los casos no es ágil ni factible debido a la reducida dimensión de buena parte de estos negocios.

Los notarios reconocen que desde que se celebró el referéndum de independencia, el domingo 1 de octubre, las visitas de los empresarios preocupados por el futuro de sus compañías «se ha incrementado de forma sustancial», según apuntan fuentes del sector. Ante el desconocimiento de un proceso como éste, la demanda de información se centra en conocer qué implicaciones supone tanto fiscal como legalmente el traslado de domicilio.

Los notarios les recuerdan que se trata de un acto antes del cual están obligadas a modificar sus estatutos, previa autorización del consejo de administración de la firma, o bien de la junta de accionistas, si la tienen y así lo establecen sus normas internas. Tras formalizar la escritura pública, el cambio de sede será un hecho.

El problema que se les plantea a una buena parte de estas pymes es que al carecer de cualquier tipo de presencia física -delegaciones, filiales, centros operativos, sucursales, etc.- en otras comunidades autónomas se ven atrapadas en Cataluña sin poder materializar sus intenciones. Porque, por ejemplo, cuando se trata de empresas de apenas tres o cuatro trabajadores y con un negocio centrado en el ámbito local, es materialmente imposible llevar a cabo ese traslado jurídico. Generalmente, si no disponen de una sede en otra provincia, la modificación del domicilio no se puede materializar.

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