Puigdemont no teme que le detengan antes del 1 de octubre

El presidente de la Generalitat aún abre la puerta a pactar un referéndum vinculante con Rajoy

C. REINO

barcelona. Carles Puigdemont dice que no teme ser encarcelado por firmar la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre y hacer caso omiso de los requerimientos judiciales para que detenga el proceso. «No tengo miedo porque esto no se va a producir».

El presidente de la Generalitat dijo el domingo en el discurso institucional de la Diada que está dispuesto a ir a por todas y lo repitió ayer ante los corresponsales extranjeros acreditados en España. Ratificó el compromiso inequívoco con el referéndum de autodeterminación que estampó el jueves por la noche en el decreto de convocatoria. Si el domingo dijo que ningún tribunal puede inhabilitarle y que lo tiene todo a punto de cara a 1-O, ayer aseguró que la opción de que no se haga la consulta ni siquiera la contempla.

Su determinación es absoluta, a pesar de que el Gobierno central ha advertido de que no habrá urnas, y a pesar también de que tiene ya una querella en curso de la Fiscalía por desobediencia, prevaricación y malversación. Esta última imputación podría acarrear penas de prisión por uso ilegal de fondos públicos. Una situación muy delicada, en lo político y en lo personal, pero que el presidente de la Generalitat ve inviable y se mostró ayer convencido de que no será detenido de aquí al 1 de octubre. Aunque nada se puede descartar en las próximas tres semanas.

El president catalán quiere ser recibido en Bruselas por Juncker si gana el 'sí' en la consulta La paralización del proceso es una posibilidad que Puigdemont ni contempla

Lo único que sí es descartable, según expresó, es que el Ejecutivo catalán y Junts pel Sí puedan echarse a atrás en el desafío al Estado. Sin intención de volver a presentarse en las próximas elecciones, Puigdemont es un político sin ataduras, que solo piensa en cumplir su palabra. Pase lo que pase y caiga quien caiga. La única manera de detener toda la maquinaria en marcha, según admitió, sería llegar a un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy para aplazar la fecha del referéndum con el compromiso de su posterior celebración de forma pactada y vinculante. «Que haga un llamamiento a hablar de cuándo y dónde podemos pactar y nos sentaremos y vamos a pactarlo», dijo. «Ahí es donde puede evitar el referéndum. ¿Va a utilizar este poder que tiene el Gobierno español? Yo lo dudo», remató.

Después de afirmar el domingo que ningún tribunal español puede inhabilitarle, ahondó en esa línea, se mostró seguro de que el Estado español no tiene «suficiente poder para impedir que los catalanes voten». «Se equivocarán quienes piensan que renunciaremos a las primeras de cambio», advirtió.

El 2, en Bruselas

Puigdemont no confía en que Rajoy mueva ficha en las tres semanas que quedan hasta la consulta. Y por tanto, si gana el sí en el referéndum, avisó de que activará la ley de transitoriedad jurídica (que hoy anulará el Tribunal Constitucional), y se dispondrá a negociar con Madrid y Bruselas los términos de la secesión.

El presidente de la Generalitat hizo una referencia explícita al presidente de la Comisión Europea, de quien dijo que deberá recibirle a partir del 2 de octubre si el secesionismo se impone en la consulta. «Si gana el sí, nos habremos ganado el derecho a ser escuchados porque esperamos que desaparezcan las graves dificultades que nos hemos encontrado para hablar con el señor Juncker», dijo. «Si gana el sí -añadió- consideramos que tenemos el derecho a actuar como estado independiente y a interactuar directamente con la UE».

Bruselas, sin embargo, no ve con buenos ojos el proceso catalán. La Comisión Europea recordó la semana pasada, como ha hecho siempre hasta la fecha, que una eventual Cataluña independiente pasaría a ser un territorio externo a la Unión Europea y debería solicitar de nuevo la adhesión si quisiera volver a formar parte del bloque comunitario, «la misma posición» que mantiene desde 2004. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó, por su parte, que «cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea».

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