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CRISTIAN REINO
BARCELONA.
Martes, 3 de octubre 2017, 00:42
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El presidente de la Generalitat buscó ayer la cuadratura del círculo. Al mismo tiempo que pidió diálogo al Gobierno central, mantuvo viva la amenaza de una declaración unilateral de independencia inmediata.
El día después de la celebración del referéndum del 1-O, que se saldó con 2,2 millones de votos (90% de 'síes'), Puigdemont emplazó a Mariano Rajoy a restablecer la «normalidad institucional». Para ello, propuso que la UE apadrine algún tipo de negociación entre ambos gobiernos para buscar una salida a la cuestión catalana. «El momento aconseja mediación», dijo.
Puigdemont plantea a la UE que fomente que los Gobiernos central y catalán se sienten en la misma mesa. Se trata de «crear un clima de distensión leal y sincero», expresó. Sin embargo, no predicó con el ejemplo. Su propuesta de diálogo es más bien un ultimátum. Porque aunque Mariano Rajoy acepete la mediación internacional, la Cámara catalana aprobará en breve la proclamación de la independencia.
El Gobierno autonómico tiene prisa y, si bien quiere ganar algo de tiempo, la presión en el independentismo para que se tire a la piscina es muy fuerte.
El jefe del Ejecutivo catalán defendió con uñas y dientes la «validez» del referéndum del domingo e insistió en que el resultado es «vinculante». «Tenemos el deber de tomar decisiones políticas», afirmó. Estos es, proclamar la república catalana en un pleno extraordinario al final de esta semana o la próxima (la decisión la tomarán mañana Junts pel Sí y la CUP). A partir de la declaración de independencia se abriría un periodo de transición, con vistas a convocar unas elecciones constituyentes en un plazo máximo de seis meses, elaborar una Carta Magna y celebrar un referéndum de ratificación en un año. De momento, Puigdemont descarta la convocatoria de elecciones catalanas a corto plazo como le exigen desde la oposición.
Como gesto por parte de Rajoy, el jefe del Ejecutivo catalán pidió la retirada de todos los efectivos de la Policía española desplazados a Cataluña para la operación del 1-O. Pero, además, anunció una denuncia contra la Guardia Civil y la Policía Nacional por lesiones y daños y dijo que abrirá una comisión de investigación sobre la «violación de los derechos humanos», perpetrada durante la «brutal» operación policial. Asimismo, pidió que se depuren responsabilidades por lo que calificó como la «jornada de violencia gratuita más grande que hemos vivido en 40 años».
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