Puigdemont se la juega entre el 155 o la frustración soberanista

Puigdemont se dirige a los asistentes al acto de homenaje al expresidente Lluis Companys celebrado ayer. :: Iván Alvarado / reuters/
Puigdemont se dirige a los asistentes al acto de homenaje al expresidente Lluis Companys celebrado ayer. :: Iván Alvarado / reuters

El presidente de la Generalitat afirma que decidirá su respuesta a Rajoy «inspirado por la paz y la democracia»

CRISTIAN REINO BARCELONA.

La crisis de Estado en que se ha convertido el proceso soberanista catalán vivirá hoy un día clave. El presidente de la Generalitat se juega que el Gobierno intervenga la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución o sembrar de desencato el movimiento independentista. Tiene hasta las diez de la mañana para responder a Mariano Rajoy si el martes pasado declaró o no la independencia en la Cámara catalana, cuando dijo que asumía «el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república» y acto seguido suspendió la declaración. Si dice sí, artículo 155; si dice no, decepción de un importante sector soberanista.

Puigdemont, que en los últimos días ha recibido portazos de la UE, de Estados Unidos, de Alemania o Francia, y que ha visto cómo medio millar de empresas catalanas, entre ellas algunas de las más representativas, se han marchado de Cataluña, no quiso dar ayer pistas y mantuvo la incertidumbre hasta que el Palau de la Generalitat envíe el burofax a la Moncloa con la respuesta al requerimiento del presidente del Gobierno. Consciente de que está ante las horas más «difíciles» y a la vez «esperanzadoras» de su mandato, el presidente catalán tiene en sus manos el futuro del autogobierno catalán, en peligro por primera vez tras 40 años de democracia.

Si afirma por escrito que hubo declaración de la secesión, como firmaron los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP en un documento sin valor jurídico al final del pleno de la semana pasada, que es lo que le pide el sector radical del secesionismo, el conflicto entre las instituciones catalanas y las del resto de España se desatará con toda su crudeza. Rajoy aplicará el 155 y la autonomía catalana quedará intervenida. Las incipientes llamadas al diálogo quedarán en meras apelaciones vacías.

En las horas previas al segundo día D en una semana, Puigdemont presidió ayer un acto cargado de simbolismo, el del aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys por la dictadura franquista hace 77 años. La ceremonia, a la que acudieron todos los miembros de su Gobierno además de la presidenta de la Cámara catalana y la alcaldesa de Barcelona, se produjo cinco días después de que el vicesecretario de Comunicación de PP, Pablo Casado, dijera que Puigdemont podría acabar como Companys. Se refería a que podría acabar detenido, como el presidente de la Generalitat en 1934 tras proclamar el Estado catalán, pero sus palabras se interpretaron entre los secesionistas como una amenaza mayor.

El conflicto a la calle

El jefe del Ejecutivo ensalzó la figura del presidente fusilado, recordó que fue «asesinado en nombre del orden y la legalidad establecidas» y reivindicó «la paz, el civismo, la serenidad, la firmeza y la democracia como inspiradores de las decisiones que debemos tomar». En esos cinco conceptos estará la clave del texto que enviará a la Moncloa. Una contestación que evitaría la respuesta binaria que exige el presidente del Gobierno en su requerimiento. Si no es tan clara como le pedía, trasladaría la pelota al tejado de Rajoy, que tendría que tomar la decisión de aplicar el 155 o no ante las presiones de la UE y de algunas instituciones, que le piden que rebaje la tensión en la crisis catalana.

Quienes aprietan al presidente de la Generalitat para que levante la suspensión de la declaración de independencia han llegado a la conclusión de que su victoria solo llegará si Rajoy aplica el 155, el conflicto se traslada a la calle, se paraliza la economía catalana, regresan las imágenes policiales del 1-O y los mercados se resienten. Solo así, cree que Angela Merkel y la UE presionarán a Rajoy para que permita un referéndum pactado.

Pero el precio a pagar sería muy alto. No solo la detención del presidente y buena parte del Ejecutivo, sino que la fuga de empresas se aceleraría, Cataluña entraría en crisis sin remedio y la fractura social se instalaría como una frontera insalvable para la convivencia.

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