Puigdemont emprende una batalla judicial contra España a nivel internacional

Ben Emmerson, el abogado de Puigdemont, tras presentar ayer la querella. :: Francois Lenoir/ reuters/
Ben Emmerson, el abogado de Puigdemont, tras presentar ayer la querella. :: Francois Lenoir/ reuters

El abogado del expresidente anuncia demandas «cada mes» hasta que el Gobierno central se siente a negociar

CRISTIAN REINO

barcelona. Carles Puigdemont ha declarado la guerra jurídica al Estado español y se propone recurrir a las instancias internacionales que haga falta con tal de denunciar lo que él considera una violación flagrante de sus derechos. El expresidente de la Generalitat formalizó ayer una demanda ante el comité de derechos humanos de la ONU, un órgano formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos por los estados que lo han ratificado, entre ellos España.

El Estado español, según la denuncia del expresidente de la Generalitat, es culpable de violación de las obligaciones de los tratados internacionales a través de la «imposición de restricciones desproporcionadas e injustificadas en el ejercicio de los derechos políticos». Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas en pos de un objetivo común de buscar la independencia y su derecho a la libertad de expresión política en apoyo de la causa de la independencia de Cataluña. «Estos derechos han sido violados por la conducta del Reino de España», argumenta.

Se trata de la primera ofensiva del expresidente, cuyo abogado anunció ayer que presentará «cada mes» denuncias ante distintos organismos internacionales hasta que el Gobierno español acepte iniciar negociaciones para encontrar una solución a la crisis catalana. Puigdemont ha contratado a un experto internacional, Ben Emmerson, que defendió a Julian Assange, Maria Litvinenko -la mujer del exagente ruso muerto tras ser envenenado- o a Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo. Este letrado también denunció hace días el encarcelamiento de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ante la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, un organismo que ha tratado casos de vulneraciones de derechos humanos en países como Venezuela, Ruanda o Irán.

«Seguiremos presentando demandas con argumentos sólidos a la comunidad internacional y a sus mecanismos legales cada mes hasta que el Gobierno de Madrid sea persuadido para entrar en negociaciones reales con los líderes del movimiento independentista catalán», dijo desde Bruselas. El requisito previo para iniciar estas conversaciones, dijo, es la puesta en libertad de los cuatro dirigentes secesionistas que permanecen en prisión desde hace más de cuatro meses.

En concreto, Puigdemont cree que se han vulnerado sus derechos pues entiende que aunque fue cesado por el Gobierno central, ganó unas elecciones y tenía una mayoría suficiente para haber liderado un nuevo mandato como presidente. «Las autoridades españolas han frustrado su reelección como presidente -afirma la denuncia-, en contra de la voluntad democráticamente expresada por el pueblo catalán». Además, censura que, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, se ha visto obligado a elegir entre regresar a España donde, «inevitablemente será objeto de detención arbitraria», o «quedarse como presidente en el exilio». «Los derechos de Puigdemont a la participación política, la expresión política y de asociación se han quebrado», concluyó Emmerson.

Dos años

El letrado británico explicó que, en el plazo de un mes, el comité podría determinar si admite a trámite la denuncia, cuya resolución podría conocerse en dos años. El propio comité confirmó ayer, desde Ginebra, que ha recibido la demanda. Si al término de todo el procedimiento un Estado es encontrado culpable, se le pide que ponga remedio a la violación. Según el abogado, el dictamen será «vinculante». «Encarcelar a los líderes catalanes es como si en el Reino Unido encarcelaran a Sturgeon o Salmond por hacer un referéndum y querer la independencia», afirmó. En 2013, este comité de la ONU declaró culpable a Australia de 150 violaciones del derecho internacional sobre la detención de 46 refugiados.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya emitió un informe desfavorable en 2015 contra España. Recalcó su gran «preocupación» ante el inmovilismo del Estado a la hora de investigar «activamente» todas las violaciones de derechos humanos «del pasado», puso en cuestión la 'ley mordaza' de Rajoy, las llamadas expulsiones en caliente de emigrantes e instó al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía de 1977.

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