Puigdemont cede ante Junqueras y forma un Gobierno de irreductibles de cara al 1-O

Puigdemont durante el anuncio de la remodelación de su Gobierno. :: EF

El PDeCAT sale perjudicado de la remodelación mientras Esquerra Republicana fortalece sus posiciones

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Esquerra, la CUP, la ANC y Ómnium Cultural llevaban meses avisando de que al PDeCAT le temblaban las piernas. Carles Puigdemont les dio la razón y acometió ayer la primera crisis seria de Gobierno en 18 meses de mandato. El presidente de la Generalitat destituyó a tres de sus consejeros, Neus Munté (Presidencia y portavoz), Jordi Jané (Interior) y Meritxell Ruiz (Enseñanza), y al secretario del Gobierno, Joan Vidal de Ciurana. Todos históricos de la desaparecida Convergència y por los mismos motivos por los que fulminó a Jordi Baiget hace diez días: tienen dudas respecto al referéndum.

Sus sustitutos son Jordi Turull (Presidencia y portavoz), Joaquim Forn (Interior), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Víctor Cullell, como secretario. Puigdemont necesita un Gobierno blindado, diseñado a su medida y que esté comprometido al cien por cien con el referéndum y con las consecuencias que se deriven del mismo, sean penas de prisión o perjuicios en el patrimonio personal.

Los nuevos tomaron posesión de sus cargos ayer mismo en una ceremonia solemne en el Palau de la Generalitat, en la que no faltaron las lágrimas de los despedidos. Aunque oficialmente son dimisiones, según precisó Puigdemont, son decisiones personales por las que resuelven bajarse del barco antes del desenlace del pulso.

LAS TRES NUEVAS CARAS EN EL EQUIPO DE PUIGDEMONT Jordi Turull Consejero de la Presidencia Joaquim Forn Consejero de Interior Clara Ponsatí Consejera de Educación

La crisis llega a dos meses y medio para el 1 de octubre y cuando el Ejecutivo autonómico está a punto de empezar a plasmar sus decisiones por escrito con las consiguientes consecuencias penales. Por ejemplo, la compra de urnas que se formalizará el martes.

El presidente de la Generalitat lanzó ayer dos mensajes. Uno interno: no hay lugar para las dudas en el Ejecutivo catalán. Otro externo: las urnas se colocarán el 1 de octubre caiga quien caiga. «El 1-O votaremos en un referéndum organizado por el Ejecutivo y con un resultado vinculante», advirtió al presidente del Gobierno, al que también alertó de que el 1 de octubre acabará la etapa de la Cataluña autonómica. El discurso oficial de los soberanistas es que habrá consulta, pero admiten en privado que la empresa es cada día más difícil.

Puigdemont quiso dar un golpe de autoridad para cerrar la crisis abierta tras el cese de Baiget, y por primera vez ha podido rodearse de una guardia pretoriana formada por los halcones de su partido, los que le han prometido lealtad hasta el final. El puñetazo en la mesa es al mismo tiempo un gesto de debilidad, en la medida en que los cambios efectuados son justo los que había exigido Oriol Junqueras, el ganador indiscutible de la crisis.

Los dos cambios más significativos son el relevo en las carteras de Interior y Enseñanza. Dos piezas clave en el día de la votación porque de Interior dependen los Mossos, que llevan meses avisando de que no quieren verse en la tesitura de tener que cumplir órdenes que vayan contra la ley. Enseñanza se encarga de los centros educativos que serán utilizados como colegios electorales.

Puigdemont aparta además a Munté, a la que el PDeCAT reserva para futuras elecciones. En estos momentos los neoconvergentes no tienen candidato ni para la Generalitat de Cataluña ni para la Alcaldía de Barcelona.

Se trata de un Ejecutivo diseñado también a la medida de Junqueras con la vista puesta en el 1-O. A cambio, el vicepresidente de la Generalitat asume hacerse cargo de la organización del referéndum unilateral. Eso sí, se asegura de que no será el único que saldrá escaldado si hay consecuencias penales y ha conseguido que las decisiones sobre la consulta se tomen de manera conjunta y colegiada, y sean firmadas por todos los consejeros.

Aunque el PDeCAT había pedido que la crisis fuera equilibrada entre las dos fuerzas que integran el Gobierno catalán, todas las bajas las han puesto ellos. Cuatro son los dirigentes inhabilitados hasta la fecha por el proceso catalán y cuatro los consejeros convergentes a los que se ha purgado. Lo que no hace sino alimentar la teoría, alimentada desde las propias filas nacionalistas, de que el PDeCAT está siendo el gran damnificado del proceso. Frente a Esquerra, que sube como la espuma en las encuestas, sale indemne de las crisis y de las decisiones judiciales y además aparece ante la opinión pública como el único partido independentista pata negra. Esquerra no solo no pierde consejeros, sino que además el PDeCAT pierde presencia en el Ejecutivo, ya que Ponsatí entra como independiente procedente de la ANC.

Hasta la fecha, presidía el grupo parlamentario de Junts pel Sí, donde se ha destapado como un parlamentario ácido e implacable con la oposición. Es al PDeCAT y a Junts pel Sí lo que Rafael Hernando al PP, el hombre que hace el trabajo sucio en el hemiciclo y el que pronuncia los discursos más antipáticos con ataques despiadados a los adversarios. En 2014, Turull (Parets del Vallés, 1961) encabezó la delegación catalana que defendió la consulta del 9-N en el Congreso de los Diputados, junto a Marta Rovira y Joan Herrera. Votación que fue ampliamente rechazada en las Cortes. Pujolista (fue fiel a Oriol Pujol hasta que el 'caso ITV' liquidó cualquier defensa del exsecretario general de CDC), luego se hizo 'masista' y ahora es fiel a Puigdemont, Turull es diputado desde 2004, un hombre de partido siempre dispuesto a lo que se le pida y fiel escudero en el giro secesionista.

Abogado e hincha del Espanyol, algo que siempre imprime un sello especial en Cataluña, es uno de los dirigentes del PDeCAT más comprometidos con el referéndum unilateral. Ahora asume la Consejería de la Presidencia y será el portavoz, después de que hace un año fracasara en su intento de liderar la exCDC. Como presidente del grupo de Junts pel Sí es uno de los ideólogos de la ley del referéndum.

Siempre ha sido el número dos. Lo fue en el gobierno municipal de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, y más tarde en la candidatura del exalcalde, derrotado por Ada Colau hace dos años. Ahora se preparaba para ser el aspirante a la Alcaldía barcelonesa en los comicios de 2019. Su nombramiento como consejero de Interior le aparta en principio de la carrera municipal.

Licenciado en Derecho, barcelonés y de 53 años, Joaquim Forn tiene ante sí un reto muy delicado porque los sindicatos de los Mossos llevan meses advirtiendo de que sus asociados no están por la labor de hacer de mártires en el 1-O y perder sus puestos de trabajo. Independentista de toda la vida, miembro del núcleo duro del 'pinyol', el grupo que aupó a Artur Mas como sucesor de Pujol, Forn tendrá que tomar una decisión de calado de inmediato: mantener o no en el cargo a Albert Batlle, el director de la Policía catalana (procedente del PSC), que no es partidario de que los agentes incumplan el Estatuto y la Constitución. El perfil que elija para su número dos determinará su mandato.

Tiene experiencia en la gestión de cuerpos policiales ya que como teniente de alcalde era el concejal encargado del área de seguridad y la Guardia Urbana de Barcelona dependía de él.

Fue la sorpresa de la remodelación. Clara Ponsatí entra en el Gobierno catalán como independiente dado que no forma parte de ningún partido, pero sí de la ANC, plataforma soberanista que incrementa su peso en el Gobierno de Puigdemont con dos Consejerías, Enseñanza y Agricultura, además de la Presidencia de la Cámara catalana con Carme Forcadell. Doctora en Economía y profesora en la Universidad escocesa de Saint Andrews, es especialista en la teoría del juego, la resolución de conflictos y cómo abordar negociaciones. Saltó al candelero independentista en 2013, después de que el Gobierno central no renovara su cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, a raíz de unas declaraciones en las que mostró su apoyo al proceso secesionista. El entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, justificó la decisión con el argumento de que un cargo como el que tenía no podía servir de tribuna para respaldar procesos contrarios a la Constitución. Nacida en Sant Cugat del Vallès en 1957, también fue directora del Instituto Económico de Análisis (IAE-CSIC) entre 2006 y 2012, y ha dirigido el Barcelona GSE Master Program de Política Económica Pública. Hace año y medio entró en la ejecutiva de la ANC y formó parte de las listas de Junts pel Sí en las elecciones de 2015.

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