Puigdemont avisa de que no acatará una inhabilitación del Constitucional

Puigdemont, ayer, con patronal y sindicatos en Barcelona. :: efe

El Gobierno catalán publica en el BOE el anuncio para la compra de papeletas y sobres electorales aunque no hay convocados comicios

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Carles Puigdemont dice estar dispuesto a llevar la desobediencia a las instituciones españolas hasta las últimas consecuencias. «Si el Tribunal Constitucional me inhabilita no aceptaré esa decisión», aseguró en una entrevista publicada ayer en el diario francés Le Figaro. Lo mismo dijo para el referéndum, y garantizó que si esa misma corte lo prohíbe una vez que se convoque tampoco lo acatará. Para el presidente de la Generalitat la única legalidad sobre el proceso soberanista es la que emana del Parlamento de Cataluña. No se siente concernido por ninguna norma que surja fuera de él, ya sean las Cortes Generales de España, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Ninguna suspensión, ninguna amenaza podrán impedir que los catalanes decidan su futuro de forma democrática», desafió en el periódico francés. Y en su caso concreto nadie puede decidir sobre su futuro político, «solo el Parlamento catalán puede suspenderme». La inhabilitación de un presidente autonómico es responsabilidad del Tribunal Constitucional en el caso de que sea contumaz en la desobediencia de sus resoluciones y sentencias. Algunos expertos también apuntan a que podría utilizarse la vía del artículo 155 de la Constitución para despojar a un gobernante de su cargo, pero el tema es motivo de controversia entre juristas. La vía que parece más clara es la del Constitucional, aunque en la Moncloa confían en que será innecesaria, si bien no la descartan.

«No existe un poder lo suficientemente grande para cerrar el gran colegio electoral que será Cataluña el 1 de octubre», prosiguió el presidente catalán, que en el mismo tono épico prometió: «No renunciaremos al referéndum aunque lo prohíba el Tribunal Constitucional». El problema de fondo, y que, según Puigdemont, el Gobierno de Rajoy no entiende, es que con sanciones y presiones no van a cambiar nada. «Suspendiéndome o expulsándome de mi despacho, Madrid no va a anular esa voluntad».

Unas palabras recibidas con escepticismo tanto en la Moncloa como en el PP. El coordinador general de este partido señaló que es «irrelevante» lo que diga el presidente catalán por más retadoras que sean sus palabras porque al final no va a tener «más remedio» que acatar lo que disponga la corte. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reiteró que no habrá consulta e insistió en que los actos preparatorios de la misma «tendrán respuesta» porque desde el 14 de febrero pasado el Constitucional sentenció que están prohibidos.

Pero en medio del fervor soberanista catalán se coló una noticia sorprendente, la publicación el BOE del anuncio del Gobierno catalán para la compra de papeletas, sobres, manuales para los miembros de las mesas e impresos para unas elecciones autonómicas que no están convocadas.

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