Puigdemont alegará que su causa judicial en España es un «ajuste de cuentas político»

Puigdemont, el lunes, en la presentación de un libro sobre la Guerra Civil en Cataluña. :: efe/
Puigdemont, el lunes, en la presentación de un libro sobre la Guerra Civil en Cataluña. :: efe

El expresident y sus exconsejeros huidos comparecen mañana ante el juez, que decidirá sobre su extradición en el plazo de unos diez días

ADOLFO LORENTE

bruselas. ¿Delitos? Ninguno. Se trata exclusivamente de «un ajuste de cuentas de carácter político» que busca encarcelar a personas «por defender unas ideas» en pleno siglo XXI dentro de la Unión Europea. Las supuestas víctimas del relato son el expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros huidos a Bélgica junto a él, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, sobre quienes pesa una euroorden de detención y extradición de la Audiencia Nacional.

Los abogados de la defensa, según han filtrado a periódicos locales como 'Le Soir' o 'De Standaard', lo tienen muy claro: pintar una España sin garantías judiciales anclada en el pasado. Sin embargo, el principio que existe en la Unión Europea de los 28 y que concibió la euroorden es que los Estados miembros respetan 'de facto' los sistemas judiciales de los socios comunitarios. De ahí que la entrega sea la norma y no hacerlo, la excepcionalidad.

Mañana es el gran día. A las 14:00 horas y a puerta cerrada, comparecerán ante un juez de la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de primera instancia), que deberá decidir si acepta o no la euroorden. El fallo, que podría llegar en unos diez días, es clave para barruntar el futuro procesal e incluso político de los cinco fugados. Ojo, la decisión definitiva quizá no llegue hasta dentro de mes y medio (o incluso más) si se agotan todas las vías posible de recurso (primero ante Apelación y luego, en Casación).

«No se contempla ningún hecho punible a título individual, sino que se habla de forma genérica y siempre centrándose en sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las que fueron elegidos democráticamente. Sólo son procesados por su opinión política», censuran Michelle Hirsch y Christophe Marchand, letrados que representan a Comín y Serret, ambos de ERC. Su defensa es diferente a la de Puigdemont, Puig y Ponsatí (PDeCAT), que han apostado por Paul Bekaert, el veterano abogado flamenco que en el pasado logró que varios terroristas etarras no fueran extraditados a España pese a estar acusados de delitos de sangre.

Su estrategia pasa por dilatar 'ad infinitum' el proceso o incluso ganarlo, lo que podría suponer que los acusados se quedasen a vivir en Bélgica 'sine die', porque si vuelven a España o incluso si viajan a otro país correrían una suerte bien distinta al pesar sobre ellos órdenes de detención nacionales e internacionales.

Doble incriminación

Mañana, el juez puede dar su plácet a la euroorden, rechazarla o pedir más información al Estado emisor, lo cual no alteraría el plazo de 15 días que existe para resolver el caso. Según explican fuentes jurídicas, España «no puede presentarse como acusación ya que sólo hay dos partes en el proceso: la Fiscalía y los acusados». Ayer, fuentes del Ministerio Público rechazaron anticipar qué posición defenderá. Para su sentencia, el juez deberá comprobar «que al menos uno de los delitos que se le imputan lo es también en Bélgica, lo que se llama principio de doble incriminación».

He aquí una de las grandes claves del proceso. La euroorden concreta cinco delitos: sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación, pero no todos tienen una correlación exacta con el Código Penal belga, sobre todos los más graves: el de sedición y rebelión. Los abogados, además, alegarán que el Supremo acaba de decretar que no hay base suficiente para el presunto de la malversación de fondos públicos, lo que podría jugar a su favor. Por contra, la posibilidad de que toda la causa vaya al Supremo y los encarcelados queden en libertad supondría un golpe para sus defensas.

En caso de no lograr frenar su extradición en Bruselas, Puigdemont ya ha anunciado que recurriría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que Madrid violará sus derechos básicos. Sin embargo, esta es una posibilidad que según expertos consultados por EFE tendría poco recorrido. «Dudo mucho que pueda convencer a la Corte de que no va a tener un juicio justo en España, alegando que miembros de su Gobierno están en prisión, o que Madrid le quiere juzgar por delitos políticos», explica el jurista holandés Rick Lawson, especializado en la Convención Europea de Derechos Humanos.

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