Puigdemont admite «desórdenes públicos» pero no violencia en el 'procés'

Cartel a favor de la liberación de Puigdemont colgado en las inmediaciones de la prisión donde permanece recluido. :: Axel Heimken / afp/
Cartel a favor de la liberación de Puigdemont colgado en las inmediaciones de la prisión donde permanece recluido. :: Axel Heimken / afp

El expresidente recurre el auto de procesamiento del juez Llarena, al que acusa de parcialidad, e irá a los tribunales de la UE por impedirle personarse

MATEO BALÍN MADRID.

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra bajo arresto provisional en una cárcel alemana a la espera de que se tramite su entrega a España, ha recurrido en reforma el auto de procesamiento dictado el pasado 23 de marzo por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra el proceso político ilegal de Cataluña.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que hace extensible el recurso a sus clientes Clara Ponsatí y Lluís Puig, exconsejeros del Govern procesados también en rebeldía, reclamó al juez la estimación de su escrito y en consecuencia el archivo de la causa o, en su defecto, la nulidad de todas las actuaciones practicadas hasta la fecha.

Para consumar este órdago procesal ha entregado a Llarena 85 páginas repletas de fundamentación jurídica y sentencias de tribunales europeos. En concreto, ha invocado la falta de competencia objetiva del Tribunal Supremo para instruir este sumario, que debería haber sido visto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al producirse los hechos en esa comunidad; la indefensión generada al no haberse permitido la personación de Puigdemont, Puig y Ponsatí hasta su procesamiento (más de cuatro meses desde que comenzó a instruirse la causa); y la falta de relevancia penal de los hechos enjuiciados y de los delitos imputados: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Sobre el primer motivo, el letrado adelantó en su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, que planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el juez haya hecho una interpretación errónea del derecho de defensa. El motivo es que se ha privado de asistencia letrada en la causa a los procesados en rebeldía mientras no se pusieran a disposición del Tribunal Supremo o comparecieran de forma personal ante el juez.

«Se trata de una decisión ilógica e incoherente que genera una evidente indefensión desde el inicio de la instrucción. Carece de cobertura legal y vulnera flagrantemente la normativa internacional y europea», señala el escrito fechado el pasado 28 de marzo.

Del mismo modo, el defensor de Puigdemont denuncia que la Fiscalía General del Estado haya forzado el relato en su querella inicial y rechazó la asunción del delito de rebelión, que conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel. «El auto de procesamiento justifica la existencia de una violencia que, por suerte, es y ha sido inexistente en el reciente proceso político catalán», asegura Alonso-Cuevillas, quien defiende que el 'procés' «es plenamente admisible en el marco constitucional español siempre que no sea mediante el uso de la violencia».

Interventora de las cuentas

Del mismo modo, añade que por violencia «no cabe entender las manifestaciones de protesta ni las actuaciones reprobables y aisladas de quienes causan daños en el marco de las referidas manifestaciones, que a lo sumo podrán ser acusados de desórdenes públicos a quienes en esta conducta incurrieran».

También negó la existencia del delito de malversación de caudales públicos porque no hay un solo dato que confirme el uso espurio de dinero de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre pasado, más si cabe cuando las finanzas de la Administración regional fueron intervenidas por el Gobierno central en julio de 2017. Asimismo afirma que constan aportadas a la causa las certificaciones de la Interventora General de la Generalitat en las que se garantiza que no se ha destinado cantidad alguna a la satisfacción de ningún pago vinculado al referéndum de autodeterminación.

Por último, el abogado que ha acompañado a Puigdemont en su aventura europea hasta su detención el domingo 25 de marzo en la frontera de Alemania con Dinamarca, acusa al juez Llarena de situarse durante la instrucción en la posición de «víctima del delito», como integrante del conjunto de los ciudadanos españoles e infringiendo la garantía de imparcialidad que se le exige a todo magistrado. Este recurso será revisado por el propio Llarena y después será elevado a la Sala de Apelaciones del Supremo.

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