El PSOE presiona al Gobierno para que fije en enero el fin de la intervención en Cataluña

Rajoy y Sánchez se dirigen a la reunión que mantuvieron el pasado 2 de octubre en Moncloa./J. R. Ladra
Rajoy y Sánchez se dirigen a la reunión que mantuvieron el pasado 2 de octubre en Moncloa. / J. R. Ladra

El Ejecutivo confirma que tratará de convocar elecciones al Parlament cuanto antes pero elude dar una fecha cerrada

PAULA DE LAS HERAS

Elecciones catalanas en enero. La fecha sonaba desde hacía unos días por los pasillos del Congreso pero sólo ayer alguien, la exministra Carmen Calvo, se atrevió a hacerla oficial. La dirigente socialista, designada por Pedro Sánchez como su principal representante en la negociación con el Gobierno sobre la aplicación del artículo 155, aseguró en varias entrevistas televisivas que el asunto está ya decidido. El Ejecutivo, sin embargo, no quiso ir tan lejos.

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, argumentó que todavía es «muy pronto» para dar nada por cerrado. «Lo primero será restituir la legalidad, garantizar la convivencia y recuperar la neutralidad de las instituciones y esas no son cosas que se hagan de un día para otro. Probablemente el proceso debe acabar en unas elecciones pero hablar de una fecha –abundó– me parece prematuro». Algo similar apuntan otras fuentes del primer partido de la oposición.

Junqueras rechaza las elecciones y la CUP duda si presentarse

Oriol Junqueras rechaza la celebración de elecciones, ya sean convocadas por el propio Govern o forzadas por la aplicación del artículo 155. Garantizó que su Gobierno no las convocará porque «no es la mejor manera de avanzar» en la hoja de ruta soberanista. La CUP no solo se opone sino que estudia si se va a presentar en caso de convocarse, reflexión a la que invitó a las demás fuerzas independentistas, que deben resolver si en «esas elecciones se dan elementos democráticos como para participar».

La negativa del Gobierno a delimitar de antemano el momento en el que los catalanes pueden ser llamados a las urnas responde a la asunción de que poner en marcha las medidas a las que habilita el hasta ahora inédito precepto de la Carta Magna no será en absoluto sencillo. Es decir, que es un jardín en el que se sabe cómo se entra pero no cómo se sale ni cómo se transita.

El planteamiento inicial sí es, según populares y socialistas, que la situación de excepcionalidad que supone la intervención total o parcial de la autonomía dure lo menos posible. En el Ejecutivo hablan de unos tres meses, a lo sumo seis. Y de ahí la meta de enero, a la que también hizo referencia el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Pero Méndez de Vigo insistió en introducir un matiz:«Las elecciones tienen que hacerse bajo la premisa de que existe una convivencia pacífica, así que habrá que esperar a que se produzca esa circunstancia», dijo. Los detalles de cómo pretende el Gobierno lograrlo quedan para la comparecencia que hoy protagonizará Mariano Rajoy.

En el entorno del secretario general del PSOEaseguran que sólo se han pactado con el jefe del Ejecutivo los principios básicos de la intervención. O sea, eso de que debe ser «breve y limitada».

Limitada no tiene por qué significar que no se asumirán las competencias de todo el Govern sino más bien, explican fuentes de la negociación, que la autoridad gubernamental designada se ceñirá a garantizar el funcionamiento de la administración catalana en un plano técnico y no tomará decisiones que podrían calificarse de «políticas».

«Los comicios tienen que hacerse en un contexto de convivencia pacífica», alega Méndez de Vigo

El portavoz del Ejecutivo fijó así cuatro objetivos esenciales: restaurar la legalidad constitucional, conculcada por el presidente de la Generalitat y otras autoridades autonómicas; garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales; permitir la recuperación económica que, dijo, «en estos momentos está en serias dudas», y preservar los derechos de todos los catalanes, entre ellos, la «seguridad, la libertad y la pluralidad».

Derecho a la oposición

Que en esa tarea será clave el control de Hacienda (ya lo hace sobre los gastos, falta la recaudación) y de los Mossos d’Esquadra siempre se ha dado por descontado. Carmen Calvo, sin embargo, se atrevió a apuntar en otra dirección polémica: la radiotelevisión pública. Al ser interrogado al respecto, en Bruselas, Mariano Rajoy mostró su sorpresa. «¿Quién ha dicho eso?», preguntó incialmente. Luego evitó confirmar o desmentir nada. Y desde la dirección del PSOE se esforzaron por echar balones fuera.

La concreción de la dirigente socialista causó cierto disgusto incluso en sus propias filas. En el PSOE respaldan la aplicación del artículo 155 e incluso se vanaglorian de que, gracias a su intervención, las medidas que adoptará el Gobierno serán más mesuradas de lo que habría cabido esperar. Pero se resisten a hacerse corresponsables de lo que pueda ocurrir y se reservan el derecho a exigir, eventualmente, responsabilidades en el Parlamento, como corresponde a su condición de partido de la oposición. El jueves, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya advirtió de que sólo tras el Consejo de Ministros extraordinario de hoy, una vez se sepan las medidas que quiere tomar Rajoy, dirán si su respaldo es «absoluto, relativo o en qué grado».

La socialista Carmen Calvo apunta al control de la radiotelevisión pública como medida del 155

El PSOE teme el desgaste de aparecer demasidado cerca del PP y está obligado a sus propios equilibrios internos. De hecho, a pesar de que el líder del PSC, Miquel Iceta, admitió que, vista la actitud de Puigdemont, no hay más salida que el 155, la portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament, Alicia Romero, argumentó que la opción no gusta a su grupo y avisó a Ferraz de que no tiene «un cheque en blanco».

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