El PSOE contempla ya que el 1 de octubre haya algún tipo de consulta como el 9-N

Rajoy, en tres imágenes captadas ayer mientras practicaba deporte en la localidad pontevedresa de Ribadumia. :: Salvador Sas / efe

Rajoy, que siempre ha dado a entender que no permitirá que se repita lo ocurrido en 2014, insiste en que no habrá referéndum

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

La unidad de acción entre el Gobierno y el PSOE para evitar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre parece tener un límite. El principal partido de la oposición secundará durante los dos meses que quedan hasta la fecha clave los recursos de inconstitucionalidad de Mariano Rajoy para frenar la celebración de la consulta, pero su presidenta, Cristina Narbona, dio a entender ayer que, si finalmente la Generalitat organiza algún tipo de votación, aunque no sea exactamente en los términos previstos por los independentistas, abogará por actuar como se hizo en el 9-N. Es decir, que sería partidaria de que las autoridades miren para otro lado.

En 2014, cuando Artur Mas sustituyó el referéndum puro y duro por algo que él mismo calificó de «proceso participativo», Mariano Rajoy optó por dejar hacer y se limitó a desdeñar la consulta, en la que acabaron votando algo más de dos millones de personas, bastantes más de lo previsto. El presidente del Gobierno justificó su inacción en que la votación no produciría, como así fue, el más mínimo efecto jurídico y evitó la imagen de las fuerzas de seguridad cerrando colegios electorales; algo que en alguna ocasión le ha reprochado el líder de Ciudadanos y que también generó malestar en una parte del PP.

El PSOE, sin embargo, aplaudió la decisión. Consideró que se había actuado con inteligencia. El hecho de no intervenir en la jornada de la votación, además, no impidió exigir después responsabilidades a los impulsores de la «pantomima» (como le llamaron los populares). Al fin y al cabo, había sido prohibida por el Tribunal Constitucional y por ello, el propio presidente de la Generalitat y tres de sus consejeros, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, acabaron inhabilitados para el ejercicio de cargo público y se enfrentan ahora a un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas para determinar si deben pagar de su bolsillo los 5,12 millones de euros gastados en todo el operativo.

El presidente del Gobierno no descarta un Consejo de Ministros extraordinario antes del 25 de agosto Los socialistas piden que a la hora de actuar en Cataluña se haga un «control de daños»

No legitimar

Los socialistas estarían ahora por repetir la jugada. «La mayoría de la población en Cataluña no quiere la independencia. Lo que quiere, seguramente, es tener una relación más satisfactoria con el resto del Estado y es a esa población catalana y catalanista a la que nos dirigimos, y a la que pedimos que no legitime con su participación ese simulacro al que los independentistas van a llamar referéndum pero que va a ser un recuento puro y duro sin nigún valor jurídico ni legal», dijo Narbona en la Ser, dando así por hecho que algún tipo de votación habrá.

El Gobierno se resiste a permitir que esa idea cale. Es más, en varias ocasiones ha dado a entender que esta vez no será tan flexible como hace tres años y que no consentirá que haya urnas en los colegios electorales. Si lo que finalmente logra organizar Carles Puigdemont es una movilización menor, es posible que no ocurra nada, pero no está dispuesto a consentir algo de las dimensiones del 9-N. O eso dicen desde hace meses fuentes del PP y la Moncloa.

Medidas preventivas

Es cierto, aún así, que el Ejecutivo cree poder evitar que la historia se repita con medidas preventiva. Los servicios jurídicos lo tienen todo previsto para suspender los contratos con empresas que puedan imprimir las papeletas o proporciomar las urnas, para impedir que se acondicionen colegios o locales de votación y para que la propaganda oficial no vea la luz. Sin esos elementos, en el Gobierno ven imposible que el referédum se produzca. Pero en caso de que no sea así, amenazan con actuar sin descartar ningún instrumento.

Narbona subrayó que el PSOE estará con la legalidad pero también reclamó al Gobierno que aplique las normas haciendo un «control de daños». El pasado 20 de julio, la portavoz parlamentaria de la primera fuerza de la oposición, Margarita Robles, ya advirtió de que el PSOE no daría un «cheque en blanco» a Rajoy. Sin embargo, el presidente del Gobierno está tranquilo y así lo transmitió en su balance de fin de curso político, el pasado viernes, cuando subrayó que lo importante es que los socialistas defienden, como él, la soberanía nacional.

En un pequeño paréntesis en su descanso estival en Galicia, el jefe el Ejecutivo repitió ayer que el 1 de octubre no habrá referéndum. «Insisto con toda tranquilidad y toda moderación», dijo. A pesar de las vacaciones, el Gobierno está alerta y el propio presidente no descartó celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, antes del ya convocado para el 25 de agosto, si la Mesa del Parlamento de Cataluña admite a trámite la ley del referéndum a partir del día 16, que es cuando retomará su actividad. «Depende de las decisiones que se tomen», dijo.

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