Protección de Datos investiga un posible acceso ilícito para hacer el censo catalán

Pide información al INE, Agencia Tributaria o Ministerio de Sanidad por si la Generalitat o algún ayuntamiento han vulnerado la ley

MATEO BALÍN MADRID.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se sumó ayer a la respuesta desde diversas instituciones del Estado en contra del desafío secesionista de Cataluña promovido por los partidos independentistas de manera unilateral. El organismo público anunció la apertura de unas diligencias previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán, que pretenden usar los impulsores del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

Esta actuación, que se produce después de que la agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano particular, llevó a que este organismo haya solicitado información a diversas entidades, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.

Según un comunicado de la AEPD, los hechos denunciados podrían implicar la existencia de conductas contrarias a la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de este organismo estatal. Por este motivo, dio traslado de la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la que ha remitido también un informe en el que se analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinada información con la que crear un censo electoral por parte de la Generalitat. Del mismo modo, reclamó a la agencia catalana que le comunique la información que pueda recabar como consecuencia de la tramitación de la denuncia remitida y, en particular, la relacionada con el origen de los datos.

El CSIF recomienda a los funcionarios que pidan por escrito cualquier orden ilegal para denunciar

En concreto, la AEPD solicita información al INE, a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los consistorios catalanes que apoyan la celebración del referéndum, que está suspendido y, por lo tanto, fuera de la ley.

La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. Esta oficina, que está encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, pero es una información que solo está disponible a nivel interno y no se facilita a ningún organismo.

«Estáis todos fichados»

En enero pasado, el exsenador de ERC Santiago Vidal causó un gran revuelo tras revelar en unas jornadas que el Govern tenía «todos los datos fiscales» de los catalanes. «¿Esto es legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos», presumió el juez inhabilitado por redactar un proyecto de Constitución catalana. «Ya sabemos que no nos facilitarán [esta información] de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y tantas y tantas cosas. Estáis todos fichados», dijo con una sonrisa.

Tras ello la agencia catalana de protección de datos abrió unas diligencias de investigación para corroborar si las palabras de Vidal eran veraces. En abril concluyeron las pesquisas provisionales y se consideró que el Ejecutivo catalán hizo un uso correcto de los datos fiscales de los ciudadanos.

Por otra parte, el sindicato de funcionarios CSIF denunció ayer las presiones que están recibiendo las policías locales, directores de los colegios y conserjes para que faciliten la celebración del referéndum independentista. La central sindical explicó que las Fiscalías provinciales de Cataluña, a instancias de Fiscalía Superior, han dirigido una instrucción a los funcionarios en la que, de manera explícita, les insta a actuar frente a las presiones de algunos ayuntamientos.

Por ello, el CSIF trasladó a los afectados un protocolo en el que «recomienda pedir por escrito las órdenes ilegales, denunciarlas ante el organismo administrativo correspondiente y también a la Fiscalía».

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