Prisión a los líderes de las revueltas soberanistas por reiteración delictiva

Cuixart y Sánchez agradecen los
gritos de apoyo recibidos al entrar en
la Audiencia Nacional. :: j. b. / reuters
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Cuixart y Sánchez agradecen los gritos de apoyo recibidos al entrar en la Audiencia Nacional. :: j. b. / reuters

La jueza desoye la petición de la Fiscalía de encarcelar a Trapero y le deja en libertad pero con medidas cautelares

MATEO BALÍNMATEO BALÍN MADRID.

Los líderes de las revueltas soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de las plataformas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, se han convertido en las primeras víctimas judiciales del proceso independentistas en Cataluña. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó ayer por la noche su ingreso en prisión incondicional por riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, mientras que los otros dos imputados por un delito de sedición, el jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y su intendente Teresa Laplana, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.

La juez Lamela confirmó la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y envió a prisión provisional sin fianza a Sánchez y Cuixart por liderar las concentraciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, en el marco de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número tres alegó que ambos acusados «participaron activamente» en esta convocatoria, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiendo órdenes de la actuación a realizar en cada momento.

La juez recoge sus mensajes en redes sociales el 20 de septiembre para «parar a la Guardia Civil». Identifica el lugar de las concentraciones frente a la consejería de Economía, en la La Rambla Cataluña con Gran Vía. Y recuerda que no remitieron ningún mensaje «a las masas» para que no violentaran los tres vehículos de la Guardia Civil en los que llegó la comisión judicial, cuyos daños se han valorado en 135.630 euros. «Su actuación estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones judiciales para asegurar la celebración de un referéndum ilegal de independencia», añade el auto.

La resolución incluye también una referencia al referéndum del 1 de octubre, en el que los investigados «realizaron llamadas a los participantes a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las actuaciones policiales encaminadas a impedir las votaciones».

La juez Lamela considera, además, que esta conducta consuma los indicios del delito de sedición, penado con diez años de prisión, y afirma que existe riesgo de reiteración delictiva y aprecia la «alta probabilidad» de que Sánchez y Cuixart puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba. Ambos investigados abandonaron pasadas las 22:00 horas la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil con destino al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Sus abogados anunciaron que recurrirán el auto de prisión.

Mejor suerte corrió ayer el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Imputado por un delito de sedición, el jefe de los 17.000 agentes de la policía catalana evitó in extremis entrar en prisión provisional sin fianza, tal y como pedía la Fiscalía, pero abandonó el tribunal con una serie de medidas cautelares que limitan sus movimientos, mancillaron su hoja de servicios y podrían abocar a su suspensión en el cargo.

Lamela impuso al mayor -ayer de traje y corbata- la prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la sede judicial más cercana a su domicilio. En caso de incumplimiento le advirtió que revocaría su situación personal.

El investigado declaró por espacio de dos horas ante el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y la juez, y quedó en la misma situación que su subordinada, la intendente Teresa Laplana, a quien la Fiscalía también pidió prisión provisional, aunque bajo fianza de 40.000 euros.

Según el auto, existen elementos que vinculan a Trapero con una «estrategia de finalidad separatista». Para ello menciona el contenido de un documento hallado en casa del secretario general Josep Maria Jove, 'número dos' del consejero Oriol Junqueras y detenido en la 'operación Anubis'. También recoge «la pasividad, aún por investigar, que se atribuyen a los Mossos en los hechos acaecidos el 1 de octubre». Es decir, que admite que de momento no ha indagado la posible desobediencia de la policía catalana al no impedir la celebración del referéndum.

Además, la juez reflejó el contenido de las conversaciones interceptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, instructor de 'Anubis', «en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o de la Guardia Civil».

Pese a todo ello, Lamela le concede a Trapero el beneficio de la duda y afirma que «no aparece todavía suficientemente perfilada» su actuación en los «graves hechos» ocurridos el 20 y 21 de septiembre.

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