Una partida a cuatro bandas

Puigdemont, Junqueras, Mas y Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en mayo de este año. :: Quique García/efe
Puigdemont, Junqueras, Mas y Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en mayo de este año. :: Quique García/efe

El Parlamento catalán mantiene hasta el último minuto la incógnita de si aprobará hoy o mañana la norma de la consulta La firma de la ley de referéndum provocará movimientos de urgencia en el Parlament, el Govern, el Ejecutivo central y el TC

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

El Gobierno catalán, el Parlament, el Ejecutivo central y el Tribunal Constitucional juegan una partida de póquer político en la que esconden con celo sus cartas. El proceso soberanista de Cataluña va a entrar hoy en ebullición con la muy posible aprobación de la ley del referéndum, pero todo es oscuridad sobre los detalles. Se sabe que la Generalitat tiene la determinación de celebrar la consulta y que el Gobierno la tiene para impedirlo, pero al margen de estos dos grandes planteamientos poco más se sabe acerca de cómo se va a hacer.

Es un juego táctico entre cuatro protagonistas, que saben que cualquier paso en falso puede desmoronar una estrategia diseñada hasta el último detalle durante meses en el Palau de la Generalitat y la Moncloa. El Ejecutivo de Puigdemont lleva la iniciativa porque quiere llegar al referéndum del 1 de octubre. El Gobierno de Mariano Rajoy se mueve a rebufo de los pasos que dan los soberanistas. Todo en secreto.

El Parlament

Rajoy ordenó a sus ministros tener la agenda libre ante un probable Consejo extraordinario

La Mesa de la Cámara catalana rehusó ayer por cuarta vez aprobar la tramitación de la ley del referéndum registrada el pasado 31 de julio por Junts pel Sí y la CUP. Esta elusión impide que el Constitucional suspenda su debate, pero también evita que el asunto esté en el orden del día del pleno de hoy. Será una ausencia momentánea porque con que dos grupos lo pidan en cualquier momento del pleno, que lo harán, se incorporaría. Aquí entraría en juego la reforma del reglamento del Parlament, anulada por la corte constitucional, que permite la tramitación exprés de la proposición de ley.

De esa manera, la norma que regulará la consulta del 1 de octubre se aprobaría en una sola jornada. Aunque en Junts pel Sí dan por hecho que todo se cocinará hoy, la seguridad no es absoluta porque es posible que el debate de la ley del referéndum se deje para mañana.

La Generalitat

El Ejecutivo de Carles Puigdemont no tiene en su agenda oficial para hoy ningún acto colectivo del presidente y sus 13 consejeros. Pero la Generalitat no quiere perder ni un minuto y en cuanto esté publicada la ley en el diario oficial del Parlamento -que se hará por vía telemática-, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria. Su rúbrica irá acompañada por la de todos sus consejeros que de esa manera se corresponsabilizarán y serán carne de inhabilitación para el Constitucional. No se sabía ayer si la ceremonia tendrá lugar en el Palau Sant Jaume, que sería lo más propio para dotar al acto de la pompa y el simbolismo que tanto gusta a los secesionistas, o en el edificio del Parlament por razones prácticas ya que allí estarán el presidente y sus consejeros.

El Consejo de Ministros

Mariano Rajoy ha ordenado a sus ministros que tengan la agenda libre a partir de hoy ante la muy probable reunión extraordinaria del Consejo. Solo faltará el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que viajó ayer a Cuba para preparar un viaje de los Reyes o del presidente del Gobierno. El Gobierno, en realidad la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha dibujado con la Abogacía del Estado la respuesta jurídica para todos los escenarios que puedan plantear las fuerzas independentistas en este pulso.

El Consejo de Ministros dará luz verde a los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del mismo. Queda por dilucidar si solicitará la inhabilitación de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, por permitir la tramitación de la norma, la de Puigdemont por firmar el decreto, y la de sus consejeros al convertirse en corresponsables por estampar su firma, o bien va a esperar a ver si la ordena de oficio el Constitucional en un incidente de ejecución de su sentencia de febrero de 2017, la que prohibió todas las actuaciones orientadas a la celebración de la consulta.

El Ejecutivo tiene otra vía para proceder a través de la Fiscalía con una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación u otros delitos, pero es un procedimiento más largo.

El Tribunal Constitucional

La corte de garantías se reúne en pleno entre hoy y mañana, de manera que cualquier movimiento del Parlamento o del Gobierno catalán y la subsiguiente reacción del Ejecutivo de Rajoy será analizado de inmediato. Fuentes jurídicas, sin embargo, apuntaron que es probable que el Constitucional tome su decisión tras la celebración de la Diada del próximo lunes. De todas maneras, la mera admisión a trámite de los recursos que va a plantear el Gobierno, decisión que tomarán sin dilación, supondrá la paralización de la vigencia de las normas impugnadas.

Fuentes cercanas al Constitucional señalaron que ni el presidente, Juan José González Rivas, ni los magistrados están muy convencidos de aplicar las medidas coercitivas previstas en la reforma de la ley orgánica del tribunal aprobadas en el Congreso en 2015 a instancias del PP, y que les permiten desde multar a quienes desobedecen sus resoluciones a inhabilitarles para ejercer sus cargos.

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