El Parlament le preparó el terreno con un reconocimiento simbólico

La legislatura comienza con bronca y marcada por el riesgo de querellas contra los miembros de la Mesa

C. REINO BARCELONA.

Cuatro meses después del último pleno, que validó la proclamación de la república catalana, el Parlament recuperó ayer su actividad para aprobar una resolución que reivindica la «legitimidad» de Carles Puigdemont y del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y rechazar la aplicación del artículo 155.

Un reconocimiento y una restitución simbólica de la figura del expresidente -con la mayoría absoluta de JxCat, Esquerra y la CUP- que está muy lejos de la investidura a distancia que hubiera deseado Puigdemont y a la que los republicanos se han negado en todo momento. El gesto, sin valor jurídico, debe facilitar el desbloqueo de la legislatura con la renuncia de Puigdemont a ser reelegido presidente de la Generalitat, una decisión que acelerará con toda seguridad las negociaciones entre JxCat y ERC para formar un gobierno «autonómico» en Cataluña, presidido por Jordi Sánchez, y una estructura institucional «republicana» en Bruselas, comandada por el líder de Junts per Catalunya.

Así, el independentismo proclamó de manera solemne a través de una votación parlamentaria que la destitución del mandatario y su Gobierno mediante el 155 fue «ilegal e ilegítima» y expresó asimismo su voluntad y compromiso de «restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat».

Tras un debate tenso de más de dos horas, la Cámara «constató», además, que en las elecciones del 21 de diciembre una mayoría de ciudadanos respaldó a las fuerzas políticas partidarias de constituir en Cataluña «un estado independiente en forma de república». Toda una declaración de intenciones bajo el sello de la CUP.

El primer pleno de la legislatura supuso una especie de 'déjá vu' que retrotrajo a las sesiones de septiembre y octubre, con un hemiciclo bronco y crispado, si bien también hubo un acercamiento más cálido de los comunes al trío soberanista. A pesar del fracaso de la vía unilateral, los encarcelamientos o el 155, el secesionismo sigue sin dar su brazo a torcer y mantiene el pulso con el resto del Estado. Tanto en lo declarativo: esta resolución es un «punto de partida» hacia la república, «no retrocederemos ni un milímetro», avisó JxCat. Como también lo fue por la vía de los hechos. Torrent se estrenó en el cargo marcando distancias con Forcadell con el anuncio de que no permitiría iniciativas que pudieran provocar nuevas querellas, pero ayer tomó dos decisiones que pueden acarrearle consecuencias penales. El problema es que estaba en juego la unidad del independentismo y cualquier movimiento que se hubiera podido interpretar como una marcha atrás podía haber provocado la ruptura de las negociaciones.

Torrent, por ello, optó por contentar a sus socios y admitió a trámite en la reunión de la Mesa previa al pleno unas enmiendas presentadas por la CUP para ratificar la declaración de independencia del 27 de octubre, y sobre las que la Fiscalía ya había lanzado su advertencia. En realidad, esas enmiendas no se llegaron ni a votar en el pleno, pero para que el texto que se sometió a votación contara con el visto bueno de los cuperos necesitaba un 'tuneado', una transacción, que solo se podía hacer si se tramitaban las enmiendas anticapitalistas. La oposición reclamó una reconsideración, pero la mayoría independentista en la Mesa la desestimó. La mera tramitación puede derivar en problemas legales con el Constitucional.

Riesgo de querella

Torrent pisó una segunda línea roja, al permitir el debate y votación de una referencia al 1-O. El texto que salió aprobado con los votos de los secesionistas reclama el «cese de las injerencias» sobre las instancias judiciales para impedir que se materialice la voluntad democrática «legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación», una expresión que, según alertaron los letrados del Parlamento, puede chocar con las resoluciones del Constitucional.

Como protesta contra lo que se estaba votando, los diputados de Ciudadanos y PP no sufragaron la resolución de JxCat en su conjunto, mientras que el PSC evitó el voto en el punto más controvertido, que defiende también la «restitución» de las leyes aprobadas en la Cámara en la pasada legislatura y suspendidas por el Constitucional». Entre otras, las de ruptura. El partido de Inés Arrimadas anunció que acudirá al Tribunal Constitucional.

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