La oposición da por muerta la norma antes de nacer y augura elecciones

Considera que se está ante el fin del proceso soberanista y replica a Junts pel Sí y la CUP que no habrá referéndum

C. R. BARCELONA.

Los partidos de la oposición en el Parlamento catalán coincidieron ayer con el Gobierno central en que la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República presentada ayer por Junts pel Sí y la CUP chocará con el dique de contención jurídica del Tribunal Constitucional y no entrará en vigor. «Se impondrá la democracia y el sentido común», sentenció la líder del principal grupo de la oposición, Inés Arrimadas, que vaticinó el fin de la aventura secesionista e insistió en que el anunciado referéndum será sustituido por una cita adelantada con las urnas.

La dirigente de Ciudadanos atribuyó la «apresurada» presentación del articulado al intento de «pasar página» por la imagen que, a su juicio, los independentistas dieron en la concentración contra el terrorismo del sábado. «Se ha hecho con nervios, opacidad e improvisación. Tal vez algunos se sienten avergonzados de una manifestación en la que se debería haber buscado la unidad», afirmó Arrimadas.

El presidente del PP en Cataluña, Xabier García-Albiol, coincidió en su valoración con la líder centrista y remarcó que tanto Junts pel Sí como la CUP trataron de «tapar la vergüenza» que supuso su comportamiento en la marcha. Sin embargo, restó credibilidad al bloque independentista. «Son muy valientes al presentarla en el registro, pero se lo piensan dos veces al tramitarla, porque las instituciones de derecho actuarán sin ningún tipo de contemplación», sostuvo Albiol.

Aplicación del artículo 155

El dirigente popular fue más allá y defendió, llegado el caso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención temporal de la autonomía, si los independentistas buscan «perpetrar un golpe de Estado». «¿En qué país civilizado, ya no digo serio, se aprobaría un ley para hacer una república en 35 días?», se preguntó Albiol. Un recurso «extremo» para evitar que los soberanistas se salgan con la suya «al más puro estilo bolivariano».

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, denunció que la presentación de la ley es un «nuevo engaño de un proceso engañoso» porque el 1 de octubre no se celebrará en Cataluña ningún referéndum «efectivo, vinculante y con garantías» ni al día siguiente «habrá una república catalana». La ley de transitoriedad, subrayó, es otro episodio más «de este proceso inacabable que no lleva a ningún lado».

Las críticas también llegaron desde Podemos, cuyo secretario de Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, opinó que la norma «no es el camino», y aunque el próximo 1 de octubre se producirá «una movilización social legítima» no habrá un referéndum que pueda «legitimar» un cambio en el estatus jurídico de Cataluña.

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