El nuevo juez de 'Lezo' rebaja de cuatro millones a 100.000 euros la fianza a una presa

MATEO BALÍN

madrid. Manuel García Castellón, nuevo juez instructor del 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, dejó ayer su primera impronta al reducir de forma sustancial la fianza impuesta por su sustituto, el juez Eloy Velasco, a una presunta cabecilla del saqueo del Canal de Isabel II, la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid.

Según fuentes jurídicas, el magistrado rebajó de cuatro millones a 100.000 euros la fianza a la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond para salir de prisión, donde se encuentra desde el pasado 21 de abril. Su defensa solicitó el jueves esta reducción tras declarar su cliente en el juzgado a petición propia. Ahora la Fiscalía podría recurrir la resolución ante la sala.

Coincidiendo con la llegada del juez García Castellón, otros imputados también han solicitado volver a declarar, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial del Canal en Colombia, Inasa, y considerado «mano derecha» del expresidente madrileño Ignacio González, ambos en prisión sin fianza. Declarará este martes, mientras que González lo pidió hacer ayer.

Mismo trató que su jefe

En cuanto a Richmond, compareció para aclarar aspectos de su gestión que consideraba que no había podido detallar cuando fue detenida al no estar en condiciones, dado que compareció el 20 de abril a las 22:00 horas tras estar seis horas en calabozos.

A la conclusión de su declaración del jueves, que se prolongó dos horas y media, Richmond trató de aclarar al juez las acciones en las que intervino con respecto a la compra irregular de la empresa brasileña Emissao, hechos por los que se le acusa de delitos de organización criminal, prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

Por estos mismos hechos está acusado el exgerente del Canal Adrián Martín, quien quedó en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza, y en ello se apoyó el abogado de Richmond para solicitar al juez una rebaja de la fianza de su clienta y que se la equipare a la de su jefe en el Canal.

El pasado junio, la Sala Penal de la Audiencia ratificó la prisión de Richmond y no vio «desproporcionada» la fianza. Entendió que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas al estar investigada por «desvíos de dinero público (25 millones) que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad» y enriquecía «a determinadas personas» a costa de la desaparición del patrimonio del Canal.

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