Multas de hasta 300.000 euros a los miembros de las mesas que usen el censo

Protección de Datos advierte de posibles infracciones a quienes integren los centros de votación pero la autoridad catalana lo niega

M. BALÍN MADRID

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió ayer de una posible infracción en la que podrían incurrir los integrantes de las mesas electorales que han sido designados para el referéndum unilateral de autodeterminación del domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Las razones que esgrime Protección de Datos se dirigen a aquellas personas que «tratasen y cediesen datos del denominado censo electoral catalán», ya que las mesas no han llegado a formarse válidamente por la suspensión del TC y la disolución de la Sindicatura Electoral Catalana.

La agencia avisó de que si en la votación prevista para mañana se facilita a los miembros de las mesas una copia del denominado censo electoral catalán, los integrantes de las mismas no podrían tratar esos datos como miembros de un «órgano electoral» ni como personas físicas que estuvieran desempeñando competencias propias de la Generalitat. En caso contrario, estarían realizando en su propio nombre varios tratamientos de datos sin contar con legitimación para ello, afectando a más de 5,5 millones de personas, según el censo electoral de 2015.

Tales tratamientos consistirían en, por una parte, señalar, en su caso, quiénes habrían depositado su papeleta, quiénes no habrían participado en la votación, y, por otra, en el traslado a un tercero, al término de la jornada, de la lista individualizada de las personas que han votado y las que no lo han hecho. El tratamiento y la cesión de datos sin consentimiento suponen una vulneración de los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En el caso de que se produjeran estas infracciones, los miembros de las mesas podrían ser sancionados, por cada una de ellas, con multas de 40.001 a 300.000 euros, según el artículo 45.2 de la LOPD.

Sin embargo, la Autoridad Catalana de Protección de Datos respondió la nota de la agencia estatal con un comunicado en el que asegura que las personas que formen parte de las mesas «no son responsables del tratamiento de los datos personales». Alegan que la condición de responsable «la ostenta la administración electoral correspondiente» y sobre ella recaerían las responsabilidadeS. Asimismo, defiende que la Autoridad Catalana es la responsable del control de estos datos y de posibles sanciones y no la Agencia Española, según el artículo 156 del estatuto de autonomía.

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