Los Mossos se vuelven a poner de perfil y dejan toda la responsabilidad a Interior

Un manifestante contra la independencia increpa a un mosso ante las 
puertas del Ayuntamiento de Barcelona. :: Susana Vera / reuters/
Un manifestante contra la independencia increpa a un mosso ante las puertas del Ayuntamiento de Barcelona. :: Susana Vera / reuters

Un nuevo equilibrismo de Trapero permite a sus agentes refugiarse tras un formulario para evitar el cierre de colegios

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

«Todo el trabajo sin hacer. Todo para nosotros y todo el domingo» fue el resumen que a última hora de la tarde de ayer hacían los responsables del Ministerio del Interior de la supuesta jornada de reflexión y del inexistente trabajo de los Mossos d'Esquadra para, siquiera, allanar un poco el camino a que la Policía y la Guardia Civil puedan hoy abortar el referéndum.

El mayor del cuerpo autonómico, Josep Lluís Trapero, volvió ayer a repetir la estrategia de las últimas tres semanas y en nuevo ejercicio de malabarismo policial y judicial logró nadar y guardar la ropa. O sea, conseguir, al menos por el momento, no ser acusado de desobediencia por no seguir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir la consulta y precintar los colegios, al mismo tiempo que daba una coartada a sus funcionarios para no desalojar los centros de votación y no intervenir.

Trapero -reconocieron ayer en Interior- ha conseguido este mes de septiembre, sin llegar a ser imputado, hacer realidad la promesa que el 12 de septiembre por primera hizo de forma solemne el conseller de la Presidencia, Jordi Turull. Que la «prioridad absoluta» de los Mossos iba a ser la seguridad pública y no la intervención de urnas.

Ayer, Trapero ordenó a sus funcionarios que tiraran de burocracia para evitar comprometerse en el cierre de las escuelas. La fórmula fue usar un formulario en sus visitas a los colegios en el que se ofrecía a los agentes hasta cinco posibilidades para argumentar la causa o causas por las que procedían al cierre del colegio.

«Trámite burocrático»

Todo reducido a un mero trámite burocrático. Las instrucciones fueron exclusivamente rellenar los formularios de «resultado de la acción policial». Los funcionarios debían señalar si habían procedió al desalojo del centro (no consta que expulsaran a los ocupantes de ninguno en toda Cataluña) y, en el caso negativo, explicar las causas por las que no lo habían hecho. Y es ahí donde se ofrecían las opciones a los agentes para excusarse: la «negativa reiterada y manifiesta de desocupar el local», la «posibilidad de que se produzcan altercados con peligro para las personas o bienes», la «imposibilidad de los agentes de acceder al centro» y la «presencia de personas vulnerables (niños, personas de edad avanzada...)». Y una quinta opción: «Otros motivos».

El uso del 'escudo' del formulario no sorprendió en Interior. Trapero ya usó esta estratagema cuando la semana pasada la Fiscalía de Cataluña le ordenó identificar a los responsables de los centros electorales e investigar quiénes les habían pedido abrir el 1-O los colegios. El mayor redujo esa investigación a visitas protocolarias y entrevistas amigables con los testigos.

Pero los malabarismos de Trapero han sido bastantes más. El viernes, en la orden que regula formalmente la acción de los Mossos para cumplir las órdenes del TSJC de impedir el referéndum, el mayor, en una instrucción sin precedentes, dispuso que el desalojo de los centenares de colegios catalanes se haga sin «uso de fuerza» y apelando exclusivamente a la capacidad de «mediación» de los agentes.

El 20 de septiembre, durante el asedio de los independentistas a la decena de guardias civiles que registraban la Consejería de Economía, Josep Lluís Trapero también supo salvaguardar a sus funcionarios de enfrentarse a la multitud y consiguió retrasar hasta la madrugada su desalojo, aunque ello le valió una soberana bronca del juez que había ordenado el allanamiento.

En otro ejercicio de medida colaboración con las órdenes que por entonces emanaban de la Fiscalía catalana, el pasado 21 de septiembre Trapero envió al Ministerio Público el «plan de actuación» para cumplir «escrupulosamente» (como él mismo dijo) las instrucciones de evitar el referéndum. El problema -y así llegó a denunciarlo el propio fiscal general del Estado a sus subordinados- es que era un despliegue «correcto» para unas «elecciones generales» pero no para «impedir» el 1-O. Aquel enésimo malabarismo fue el que hizo que la Fiscalía le ordenara ponerse bajo la «coordinación» del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

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