Los Mossos acatan la orden de la Fiscalía y ya investigan el referéndum

Josep Lluís Trapero, a su llegada ayer a la reunión en la Fiscalía junto a los responsables de la Guardia Civil y la Policía. :: m. pérez / efe
Josep Lluís Trapero, a su llegada ayer a la reunión en la Fiscalía junto a los responsables de la Guardia Civil y la Policía. :: m. pérez / efe

La Generalitat replica al Ministerio Público que la prioridad de la Policía catalana es la lucha contra el yihadismo

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Los Mossos d'Escuadra han acatado la orden dada ayer por la Fiscalía Superior de Cataluña y han comenzado a investigar todo los relativo al referéndum secesionista. El Ministerio Público reunió a primeras horas de la mañana a los responsables de la Policía autonómica catalana, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en tanto que cuerpos judiciales, para ordenales que tomen las medidas necesarias para tratar de impedir la celebración del referéndum del 1-O.

Dicho de otra forma. Desde ayer, los Mossos tienen una orden judicial que les obliga a «requisar urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum».

No solo eso. Ante cualquier acto que para preparar la celebración de la consulta, el cuerpo autonómico tiene además el deber de elaborar de «forma urgente» el atestado, que contendrá «todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes». Una situación peliaguda, ya que los agentes tendrán que investigar e «identificar» a las autoridades catalanas, de quien dependen jerárquicamente.

El propio mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, tras reunirse con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, distribuyó entre todas las comisarías de Cataluña las ordenes recibidas. En ellas especifica que todos los atestados que se abran sobre los preparativos de la consulta seran enviados a la Comisaría General de Información de los Mossos. Trapero emitió la órdenes tras reunirse con el consejero de Interior, Joaquim Forn, una celeridad en cumplir el mandato del fiscal que no ha sentado bien en medios del Gobierno catalán.

Y es que la Fiscalía de Cataluña considera que, tras los pronunciamientos y las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, «queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualquier acto dirigido a la celebración del referéndum».

Advertencia previa

El Ministerio Público recordó en la reunión a Trapero que, de acuerdo a la ley catalana de la Policía de la Generalitat, los «Mossos d'Esquadra cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de autonomía y la legislación vigente» y «en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes».

Los agentes de la Policía autonómica adscritos a unidades de policía judicial, añadió la Fiscalía, «dependen orgánicamente del Departamento de Gobernación» (no de Interior) y «dependen de los jueces, los tribunales y el ministerio fiscal».

Los Mossos d'Esquadra, concluye la Fiscalía, como Policía Judicial están obligados a seguir las instrucciones que reciban del fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. La actuación de la Policía Judicial consiste en la comprobación de la comisión del hecho, constatación de las circunstancias inmediatas e «identificación de los presuntos responsables», con intervención de efectos o instrumentos.

El consejero de la Presidencia, preguntado sobre cuál será la actuación de los Mossos a partir de la orden de la Fiscalía, no quiso responder si el Ejecutivo catalán podría ocultar información a sus propios cuerpos policiales. Aun así, Jordi Turull advirtió al Ministerio Público de que la «prioridad absoluta» de los Mossos es «perseguir terroristas y evitar atentados», dando a entender que no se dedicarán a retirar urnas.

Turull mostró la «absoluta confianza» en Josep Lluís Trapero y señaló que, con una alerta antiterrorista de «4 sobre 5», la «prioridad política clara y nítida» del Ejecutivo catalán «a la hora de movilizar a los efectivos de la policía es prevenir» posibles atentados.

De momento, solo la Guardia Civil ha realizado pesquisas por orden judicial en relación al 1-O. El sábado irrumpió en la redacción del semanario 'El Vallenc', editado en Valls (Tarragona), y volvió a registrar la imprenta Indugraf, de Constantí, donde sospechaba que se estaba imprimiendo material para la votación.

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