Maza no desvela si acusará de rebelión al presidente catalán si confirma la independencia

La Fiscalía sigue con dudas sobre si Puigdemont se habría ya «alzado violentamente» contra el Estado

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. «No adelantar acontecimientos». «Veremos cómo se desenvuelven los hechos». «La Fiscalía no ha tomado ninguna medida especial en este momento». «Siempre actuamos a posteriori, es decir, nunca intervenimos ni hacemos ningún tipo de actuación si no es ya cuando los hechos se producen de forma inevitable». El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, mantuvo ayer la incógnita de si su departamento acusará a Carles Puigdemont de rebelión si mañana responde al Gobierno que lo del martes pasado sí fue una declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Y es que en el Ministerio Público, aunque Puigdemont confirmara por escrito la DUI, el debate sobre los futuros movimientos sigue siendo intenso. Sobre todo habida cuenta de que promover una acción penal tan grave como sería la acusación de un delito de rebelión por intentar la secesión de una parte del país le podría comportar una petición de pena de hasta 25 años o, incluso 30, en el caso de que todo este proceso desencadenara revueltas sangrientas o con graves daños.

El meollo de las discusiones es que Puigdemont, según entienden casi todos los fiscales, sí que incurriría, si confirma la DUI, en uno de los supuestos de libro para tipificar su actitud como rebelión, el de «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» (artículo 472.5 del Código Penal), pero hay muchas más dudas de si cumple ya el requisito 'sine qua non' para incurrir en este ilícito: «alzarse violenta y públicamente» contra el Estado. Una parte de los fiscales entiende que los disturbios que han venido teniendo lugar desde el acoso a los guardias civiles el 20 de septiembre ya serviría para activar este supuesto. Otra parte cree que no «hay indicios suficientes» para imputar la promoción de estos altercados a Puigdemont.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado, en cualquier caso, sí que tienen claro que Puigdemont, ya investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por malversación, desobediencia y prevaricación, podría ya ser imputado en cualquier momento por sedición, un delito que castiga con hasta 15 años a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes». Otra cosa es la voluntad de hacerlo, apuntaron el viernes fuentes jurídicas cercanas a este proceso.

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