«Una mala solución que se presta al fraude»

«La ley ordinaria no es lugar para regular la limitación de mandatos del presidente del Gobierno. En primer término, la regulación de la limitación del poder del presidente, pieza clave en los sistemas de gobierno parlamentarios, es una decisión que por su relevancia debe contemplarse en el texto constitucional y es, por tanto, una decisión que no se debe sustraer al poder constituyente y dejar en manos del legislativo ordinario.

La Ley del Gobierno es una ley ordinaria, es decir, bastan más votos a favor que en contra para aprobarla. Recoger una cuestión de tal relevancia en ley ordinaria es dejarla a las veleidades de las mayorías parlamentarias, que pueden cambiarla en función del interés político del momento. Precisamente la rigidez de los textos constitucionales pretende evitar que las normas fundamentales relativas al proceso de acceso y ejercicio del poder se puedan revisar por el legislador, y esto, como garantía del proceso democrático que requiere estabilidad en las reglas del juego.

Hacer estos cambios por ley deja la puerta abierta a situaciones peligrosas para la estabilidad del sistema: no impide que establecida y alcanzada una mayoría parlamentaria y un liderazgo con apoyo electoral por tiempo, se modifique la ley ordinaria para eliminar la limitación del mandato. Por eso, son materias propias de la Constitución y la propuesta, al margen de poder o no compartir el fondo, es una mala solución desde el punto de vista técnico que se presta al fraude».

Guillermo Escobar Roca.

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá

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