Llarena acusa de corrupción y violencia a Puigdemont para amarrar su entrega

Un policía se enfrenta el 1 de octubre a unos votantes en el referéndum ilegal. ::  PAU BARRENA / afp/
Un policía se enfrenta el 1 de octubre a unos votantes en el referéndum ilegal. :: PAU BARRENA / afp

El juez del Supremo incluye en la euroorden un relato pormenorizado de los policías heridos y de las agresiones registradas durante el 'procés'

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha puesto toda la carne en el asador para intentar convencer a la Fiscalía y al Tribunal Superior del estado alemán de Sechlewsig Holstein de la legalidad de la entrega de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. En la euroorden remitida por el magistrado a la División de Cooperación Internacional de la Policía, a la que ha tenido acceso este periódico, Llarena hace hincapié en la violencia registrada durante el 'procés', al tiempo que encuadra la supuesta malversación como una «infracción de corrupción», uno de los ilícitos que contempla expresamente la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

En quince páginas, Llarena enumera todos los incidentes violentos producidos durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, coincidiendo con la celebración del referéndum el 1-O. El magistrado, incluso, incluye los números de placas de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos en los enfrentamientos durante la represión de la consulta ilegal.

El delito de rebelión en España, tipificado en el artículo 472 del Código Penal, requiere que exista un «alzamiento violento y público» para, entre otros objetivos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Llarena sabe que en Alemania la rebelión, como tal, no existe como delito en su legislación y que el ilícito más cercano sería el de alta traición, que prevé penas de hasta 25 años de cárcel para aquel que, también, «con violencia o amenaza de violencia» atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional alemán.

Por ello, explican fuentes del proceso, el interés del instructor del Supremo en subrayar la violencia durante el 'procés' y situar a Puigdemont en la cúspide de la estrategia que movió esos actos de fuerza. El juez, señalan estas mismas fuentes, se plantea ampliar el texto de la OEDE con los nuevos datos remitidos por la Guardia Civil sobre altercados en Cataluña a cuenta del desafío independentista.

El instituto armado ha remitido a Llarena un nuevo informe en el que documenta de forma pormenorizada hasta 315 actos de «violencia y agresión» entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre de 2017. Según el análisis de los agentes, en ese período hubo 193 cortes de carreteras o vías férreas en Cataluña y 122 episodios de agresiones a las fuerzas de seguridad del Estado, desde lanzamientos de artefactos caseros a agresiones personales. Son, según los atestados, «actos de agresión, daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento» dentro de un «levantamiento» con el objetivo de provocar un «cisma» con el Estado.

De acuerdo con el informe, los responsables del 'procés', entre ellos el entonces presidente de la Generalitat, se «valieron de la población, alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras y calles, bloqueando edificios públicos y sometiendo a las autoridades judiciales y a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a un incesante acoso».

Malversación

El otro eje de la euroorden del juez español es afianzar la entrega por malversación de caudales públicos. En la última página del documento judicial remitido a Alemania, el juez marca la casilla de «corrupción» como una de las «infracciones» por las que se reclama la entrega de Puigdemont.

La corrupción, que con esa denominación no es un delito ni en España ni en Alemania, es uno de los 30 supuestos genéricos (como el narcotráfico, homicidio, violación o crimen organizado, entre otros) para los que es de aplicación directa, en teoría, la OEDE. Entre esos supuestos no se encuentra la rebelión ni delitos análogos.

Según explicaron fuentes del proceso, el hecho de citar la corrupción como ha hecho Llarena en la euroorden no es inusual porque este concepto, como lo entienden la mayoría de los juristas, engloba los delitos de malversación (por el cual está procesado Puigdemont), el tráfico de influencias, el cohecho y la prevaricación.

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