Límite 72 horas

Gabriel felicita a Puigdemont por su investidura. :: a. gea / reuters
Gabriel felicita a Puigdemont por su investidura. :: a. gea / reuters

El Estado pone en alerta a todos sus resortes para conseguir que en menos de tres días el Constitucional suspenda cualquier ardid del 'Parlament' para impulsar el referéndum

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Es solo la calma que precede a la tempestad. Hay una tregua de poco más de dos semanas, pero el Estado y sus funcionarios no están descansando. O al menos, no los 'cerebros' que trabajan para contrarrestar la ofensiva independentista. A partir del 16 de agosto volverá la batalla legal con la reapertura de la Cámara autonómica catalana y la posibilidad de que la Mesa admita a trámite la proposición de ley del referéndum registrada el pasado lunes por Junts pel Sí y la CUP. Pero en el Gobierno, aseguran sus servicios jurídicos, «estamos más que preparados para cualquier escenario que pretenda plantear el Parlament o incluso la Generalitat» para impulsar la consulta secesionista del próximo 1 de octubre.

Las armas legales están afiladas y las órdenes desde Moncloa son taxativas: conseguir que el Constitucional suspenda en menos de 72 horas cualquier ardid, sea el que sea, para promover el plebiscito. En solo tres días, y tras el toque a rebato que supondría cualquier decisión oficial (y por tanto recurrible) del Parlament o de la Generalitat, habrá respuesta de la corte de garantías, después de que los servicios jurídicos del Estado hayan estudiado el movimiento, el Consejo de Ministros haya autorizado a Mariano Rajoy a presentar el recurso y el Consejo de Estado haya informado a favor de la apelación.

El pasado miércoles, Rajoy ya lo avisó. No descarta ni mucho menos convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en cualquier momento de agosto. Y no tendrá problema. Todos sus ministros están veraneando en España por órdenes suyas, aunque en realidad al presidente del Ejecutivo le basta con que solo la mitad de su gabinete esté presente para que sus resoluciones sean válidas.

La gran mayoría de los ministros se fueron el viernes de la pasada semana de vacaciones ya advertidos de que pueden ser llamados en cualquier momento, pero las alarmas se han encendido, aún más si cabe, después de que el lunes el Constitucional, tal y como estaba previsto, suspendiera de manera inmediata y de forma preventiva la reforma del reglamento que facultaba a la Cámara a tramitar en lectura única las denominadas 'leyes de desconexión'. Acto seguido, el portavoz del Gabinete de Carles Puigdemont, Jordi Turull, restó importancia a la suspensión de la corte de garantías y aseguró que hay «muchas fórmulas» para aprobar las leyes. Y desde Junts pel Sí y la CUP, menos discretos, apuntaron directamente a la utilización del artículo 81.3 del reglamento en vigor, que permite la alteración del orden del día en un pleno sobre la marcha.

Otra treta

Los servicios jurídicos del Estado ya contaban con esta posible maniobra tras la decisión del lunes del Constitucional. Los juristas de Justicia también temen que el Parlament use otra treta para la aprobación exprés de las leyes hacia la independencia (incluida la propia ley del referéndum): la tramitación a través del artículo 105, de declaración de urgencia, un procedimiento que reduce la tramitación a la mitad de los plazos fijados con carácter ordinario.

En el caso de que se tramitara la ya suspendida reforma para la aprobación en lectura única (lo que desde Moncloa se ve cada vez menos probable) el propio tribunal podría actuar motu proprio, convocando un pleno extraordinario para analizar un «incidente de ejecución de sentencia» y ordenando a la Fiscalía que investigara y, llegado el caso, acusara a los responsables de la cámara por desobedecer sus resoluciones.

En el Ministerio Público, sea como fuere, están de guardia. El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Estado, José Miguel de la Rosa, en permanente contacto con José Manuel Maza, puede en cuestión de horas movilizar a la acusación. Pero si el Parlament recurre a las vías del 81.3 ó el 105 o a cualquier otra maniobra más novedosa, la suspensión pasaría por un nuevo recurso de urgencia ante el Constitucional. Y ahí los resortes también están engrasados. Según han desvelado fuentes gubernamentales, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Justicia Rafael Catalá liderarían un «gabinete de respuesta» del que formarían parte los principales responsables de los servicios jurídicos del Estado, de la Delegación del Gobierno en Cataluña y de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

Actividad frenética

En caso de recurso, la actividad de ese grupo sería frenética. Los planes de Moncloa son que en «cuestión de pocas horas», tras una resolución de apariencia inconstitucional, el gabinete pida un informe urgente al Consejo de Estado. Al mismo tiempo, la Abogacía del Estado prepararía en menos de 24 horas un borrador de recurso, al que se incorporarían de inmediato los apuntes que hiciese el Consejo de Estado, que desde la pasada semana también está en 'prevengan'. El Gobierno apunta la posibilidad, incluso, de convocar -también de forma extraordinaria- minutos después de recibir el informe del Consejo de Estado al Consejo de Ministros para dar luz verde al recurso.

Responsables de los servicios jurídicos del Estado aseguran que el texto de ese recurso, en el caso de que el Parlamento tramite la proposición de ley del referéndum presentada el lunes, será fácil de redactar. Se basará en la sentencia del propio Constitucional de marzo 2014 en el que decretó ilegal la resolución 5/X, aprobada el 23 de enero de 2013 (Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña) con la que comenzó el proceso de secesionista.Los doce magistrados del Constitucional podrían ser convocados en cuestión de horas en agosto en un Pleno extraordinario como ya se hizo el pasado lunes para suspender la reforma del reglamento del Parlament, según confirman fuentes de este órgano. El presidente, Juan José González Rivas, se despidió ese día de sus compañeros recomendándoles una y otra vez que estuvieran localizables en todo momento.

El Pleno de la corte de garantías tiene bastante margen de acción: puede admitir nuevos recursos, decretar suspensiones inmediatas u otras «medidas cautelarísimas» contra cualquier resolución del Ejecutivo de Puigdemont o del Legislativo catalán. O, en los incidentes de ejecución de sentencias, movilizar a la Fiscalía para perseguir a los desobedientes. No puede, eso sí, entrar al fondo de la constitucionalidad de las medidas aprobadas y recurridas. Para ello tendrá cinco meses, muchos después del 1 de octubre.

Fotos

Vídeos