Los líderes de los ayuntamientos del 1-O, investigados por desobediencia

El Tribunal Superior de Cataluña descarta por ahora que Lloveras y Buch cometieran prevaricación y malversación por promover el referéndum

M. BALÍN

madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió ayer las querellas presentadas por la Fiscalía contra de los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la diputada Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch. La Sala Civil y Penal considera que hay indicios para investigar a los querellados por un delito de desobediencia, pero descarta hacerlo por ahora por los de prevaricación y malversación de caudales públicos, un tipo penal que conlleva penas de prisión de hasta ocho años.

En un auto, la sala de admisión del TSJC, tras dos días de deliberación, resolvió actuar contra los denunciados, que a su vez son alcaldes de Vilanova i la Geltrú y de Premià de Mar (Barcelona), respectivamente, por un solo delito. La presunta desobediencia (castigada con inhabilitación) podría venir por el modelo de decreto impulsado por la AMI para que los alcaldes catalanes faciliten la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

El TSJC designó instructor de la querella a Jordi Seguí, magistrado procedente de una sección civil de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha sido designado para reforzar la sala por la apertura de otras dos causas penales relacionadas con el desafío independentista: la dirigida contra todos los miembros del Govern y la que afecta a los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron la Ley del Referéndum de Autodeterminación.

En su querella, la Fiscalía acusa a Lloveras y Buch de llevar a cabo «actos inequívocos de promoción y organización» de un referéndum «inconstitucional» y ser «perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos» de la corte, de la advertencia de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O «implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad de personas».

El Ministerio Público también acusa a los alcaldes de «utilizar las plataformas AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes» a promover la consulta, «dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales».

Búsqueda de webs

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña también ordenó ayer a la Guardia Civil que investigue «la eventual activación de otras» páginas web del referéndum por parte de la Generalitat para sustituir la anterior, bloqueadas por orden judicial. En una providencia, la magistrada Mercedes Armas, que investiga a todos los miembros del Govern, solicitó también a la Guardia Civil que «a la mayor brevedad» le informe sobre el estado actual de la página del 1 de octubre.

La magistrada recibió un atestado policial que le avisaba de que el director de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat, Jordi Graells, «no atendió el mandamiento de bloqueo de la página web que le fue ordenado».

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona estudiará la querella que la Fiscalía Provincial presentó la semana pasada contra los miembros de la Sindicatura Electoral (órgano paralelo a la Junta Electora) para decidir si la admite o no a trámite por delitos de desobediencia, usurpación de funciones y malversación. La razón fue la aprobación de acuerdos para la celebración del referéndum cuando la consulta ya había sido suspendida. A diferencia de las otras querellas, en este caso no había aforados y se tramitó por la vía penal ordinaria.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos