Letrados del Parlament piden que se impida el pleno de independencia

Puigdemont y Junqueras aplauden en el Parlament. :: Marta Pérez / efe

Junts pel Sí y la CUP no se ponen de acuerdo sobre si hacer, en la sesión fijada para el lunes, una declaración «dura» o plantearla «en diferido»

R. GORRIARÁN BARCELONA.

El Parlament declarará el lunes que Cataluña es una república independiente. Lo que no está claro aún es el formato de esa sesión porque Junts pel Sí y la CUP no se ponen de acuerdo sobre si debe haber una votación o será suficiente con una declaración institucional. Los letrados de la Cámara han advertido de que el pleno es ilegal porque contraviene las disposiciones del Tribunal Constitucional, pero su aviso volvió a ser desdeñado.

El día D de la secesión será el 9 de octubre. En realidad, el pleno «ordinario excepcional», como lo han definido los soberanistas, no tiene como objetivo la declaración de independencia. Está convocado para que el presidente de la Generalitat valore «los resultados del referéndum del 1 de octubre, y sus efectos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Referéndum de autodeterminación», según el escrito que enviaron ayer a la Mesa de la Cámara los portavoces del PDeCAT, Esquerra y la CUP.

Pero la diputada anticapitalista Mireia Boya ha sido muy clara: «Es un pleno para declarar la independencia o para proclamar la república». La parlamentaria de la CUP señaló que «el Parlament tiene que recoger el mandato del pueblo y hacerlo efectivo». Diputados de las otras dos fuerzas soberanistas también confirmaron que esa es la finalidad, y que la valoración de los resultados de la votación por parte de Carles Puigdemont es la excusa formal y reglamentaria.

Aún no se ha decidido si habrá votación o la presidenta del Parlamento proclamará la secesión

Lo que no está aún definido es el formato de la sesión porque no hay consenso entre los independentistas. Hay dos alternativas sobre la mesa: votación o declaración institucional. En las comparecencias parlamentarias del presidente de la Generalitat no están previstas las votaciones, pero Junts pel Sí y la CUP podrían solicitarla sobre la marcha una vez empezado el pleno, como ya se ha hecho en otras ocasiones. La otra vía en discusión es que la presidenta del Parlamento lea tras el debate un comunicado institucional con la declaración de la independencia, porque la anulada ley del referéndum no habla de votación, solo recoge la proclamación.

Elecciones en seis meses

El formato no es el único asunto por cerrar. Diputados del PDeCAT, pero también de Esquerra, no comparten la tesis de hacer una declaración de ruptura con España «dura»y sin matices, como exige la CUP, y defienden una declaración «en diferido», ligada a una mediación durante seis meses que desembocaría en unas elecciones que tendrían la secesión como único punto del programa independentista.

Sería un rodeo para celebrar un referéndum con garantías legales porque el Gobierno de Rajoy no podría prohibir unos comicios autonómicos cuya convocatoria es potestad de la Generalitat. Además, la cita con las urnas se acordaría en esa mediación. La declaración dura garantizaría el conflicto y el choque frontal con el Estado; la diferida abriría una última vía al diálogo y el acuerdo.

Los independentistas andan en estas negociaciones ajenos al informe que ayer mismo enviaron a la Mesa del Parlament el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, para advertir a sus miembros de que tienen el «deber de impedir o paralizar» el pleno para declarar la secesión porque tiene «relación directa» con las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica suspendidas por el Tribunal Constitucional. La mayoría independentista volvió a ignorar el escrito de los letrados con el argumento de que «no es preceptivo ni vinculante», lo mismo que alegaron hace un mes para hacer caso omiso de advertencias similares sobre las leyes de referéndum y de transitoriedad.

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