Lamela abre la puerta a una única macrocausa contra el 'procés'

Los exconsejeros catalanes el pasado 2 de noviembre a su llegada a la Audiencia Nacional. :: j. garcía/
Los exconsejeros catalanes el pasado 2 de noviembre a su llegada a la Audiencia Nacional. :: j. garcía

La juez, en contra del criterio de la Fiscalía, entiende que «los delitos son conexos» y que el Supremo debe hacerse cargo de todo

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. La posibilidad de un único macroproceso contra el intento de secesión catalana gana enteros. Una sola causa en la que estén procesados los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont, los miembros de la Mesa del Parlament, los cabecillas de colectivos independentistas, agentes de los Mossos d'Esquadra e, incluso, funcionarios.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -que hasta ahora tenía en sus manos el futuro procesal del destituido Gobierno autonómico, de los 'Jordis' y del exmayor Josep Lluís Trapero- se echó ayer a un lado y apoyó que el Tribunal Supremo, competente para investigar a los aforados del 'procés', se haga con toda la causa, unifique todas las pesquisas sobre el órdago secesionista vengan de dónde vengan y tome una decisión sobre la inmediata suerte carcelaria de los exmiembros del Ejecutivo de Puigdemont que están en prisión.

La decisión ahora queda en manos exclusivamente del magistrado del Supremo Pablo Llarena, quien por el momento solo investiga a los miembros de la Mesa del Parlament con la presidenta Carme Forcadell a la cabeza. Será él -y solo él- quién deberá decidir si echa sobre sus espaldas este macrosumario y si, tras hacerlo, libera al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los siete exconsellers en prisión antes de las elecciones de 21 de diciembre. También Llarena, que desde el principio se ha mostrado dispuesto a hacerse con toda la investigación, deberá acotar definitivamente los delitos de los que se acusa a los imputados en esa futura megacausa, que por ahora están investigados por rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación.

La unificación en un gran procedimiento de toda la investigación sobre el 'procés' supondría incluir en el mismo sumario los hechos acaecidos desde inicios de septiembre, con la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, hasta la huida de Puigdemont a Bélgica a finales de octubre. Un espacio temporal que también incluye el acoso a los guardias civiles el 20-S en la consejería de Economía; los preparativos durante meses de la consulta ilegal y el uso de fondos públicos para esta operación; la supuesta inacción de los Mossos el 1-O; el presunto espionaje a las fuerzas de seguridad del Estado por parte de la policía autonómica; la aprobación de la propia declaración de independencia el 27 de septiembre en el 'Parlament'; o los intentos de destrucción de pruebas posteriores, entre otras muchas cuestiones. En total, por el momento, serían 24 los investigados: Puigdemont, trece exmiembros de su gabinete, Forcadell, cinco miembros de la mesa, Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La idea de Lamela de considerar que todos estos hechos y encausados son parte de un todo indivisible fue aplaudida por el propio Gobierno, por las defensas de los acusados (tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional) y por numerosos expertos juristas. Pero no por la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, casi de forma simultánea al anuncio de que Lamela apuesta por la acumulación, envió al Supremo un escrito en el que se muestra contrario a ese gran proceso unificado y en el que apoya que se mantenga, al menos por el momento, separados a los aforados de los que no lo son. La Fiscalía considera que se debe evitar una macrocausa, porque «resultaría muy inconveniente para la agilización de la justicia y la economía procesal». Además, el Ministerio Público recuerda la jurisprudencia del Supremo, favorable a asumir su competencia para investigar solamente a los aforados e, intentar, en la medida de lo posible, no arrastrar a otros imputados sin fuero.

«Organización criminal»

El eje central sobre el que pivota toda la argumentación de Lamela para apoyar que el Supremo se quede con toda la investigación es considerar que todos los encausados en los dos tribunales son miembros de la misma «organización criminal». Un grupo que «actuaba con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario».

La juez entiende, por ello, «que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados».

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