JxCat y Esquerra apuestan por la República y el proceso constituyente para atraer a la CUP

Los independentistas cierran un acuerdo de legislatura, a pesar de que la investidura de Jordi Sánchez cada día se presenta más complicada

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra (ERC) cerraron ayer un acuerdo de legislatura con el que, además de tratar de evidenciar un mínimo de comunión después de meses de abierto enfrentamiento, buscan atraer a la CUP para que los antisistema apoyen la cada día más improbable investidura de Jordi Sánchez.

El sábado pasado, los anticapitalistas rechazaron el principio de acuerdo al que habían llegado sus antiguos socios de 'procés' al considerarlo «autonomista» y no aceptar al candidato escogido para sustituir a Carles Puigdemont. Ante la imposibilidad de aupar a Sánchez a la Presidencia, Junts per Catalunya y Esquerra han tenido que modificar a contrarreloj su preacuerdo inicial. Para contentar a la CUP, quien una vez más parece tener la sartén por el mango, las dos principales fuerzas secesionistas han introducido cambios en su pacto para revestirlo de la línea rupturista y unilateral que exigen los antisistema. «Ya no hablamos de autonomía», se resumió ayer desde Junts per Catalunya, a la vez que instó a los 'cuperos' a convocar a sus órganos de decisión para poder dar un veredicto antes del lunes, aunque la celebración del pleno de investidura no esté ni mucho menos asegurada para ese día. De momento, la CUP se escudó ayer en la huelga para no valorar el documento, una actitud que, teniendo en cuenta lo imprevisible de sus decisiones, deja todo en el aire.

Tres ejes

El acuerdo entre JxCat y Esquerra pivota sobre tres ejes: construcción de la república, proceso constituyente y doble gobierno (en Bruselas y Barcelona). «Impulsaremos un proceso constituyente, participado por la ciudadanía», reza el documento. Los firmantes se comprometen a un «gran debate nacional» sobre el futuro del país, que trace el modelo social, económico e institucional y que debe de culminar con la «redacción y aprobación de un texto con la propuesta de bases de una futura Constitución de la República Catalana».

Pese al esfuerzo, no se llega tan lejos como pide la CUP, que exige redactar una Constitución, pero sí se plantea una especie de nuevo 9-N -una consulta ciudadana y no un referéndum, como fue el 1-O-. «El proceso constituyente debe concluir con una multiconsulta con todas las garantías, donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los elementos fundamentales de los debates realizados», señala el acuerdo.

El programa habla también de la «construcción de la República» y del logro de amplias mayorías para hacerla posible. Esta construcción correrá a cargo de las «instituciones de la Generalitat de Cataluña (Parlamento y Gobierno)» y del llamado 'Espacio Libre del exilio', con sede en Bruselas. Se trata de un entramado institucional creado ad hoc para Carles Puigdemont y que estará integrado por una autodenominada Asamblea de Representantes, el Consejo y la Presidencia del Consejo de la República.

Al final, Puigdemont tiene menos atribuciones de las que reclamaba. Según el acuerdo, el expresidente convocará en Bruselas la sesión constitutiva de la Asamblea de Representantes y será el primer presidente del Consejo. Sus funciones serán la representación exterior, «internacionalizar la protección de los derechos civiles y políticos» de los dirigentes encausados e «impulsar las políticas y estrategias para alcanzar la República». La Asamblea de Representantes será convocada como mínimo dos veces al año y estará integrada por cargos electos catalanes. Solo secesionistas, por supuesto. El programa contempla además la creación de una comisión mixta Parlamento-Gobierno para el avance en la propuesta de creación de una Banca Pública, plantea reducir la presión fiscal a las rentas más bajas (extremo al que se negaba JxCat) y el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña.

Este programa, resumieron ayer fuentes secesionistas, es el «kilómetro cero de la República». Pero mientras el 155 esté en vigor es irrealizable. Por ello, el documento, que no fue firmado por JxCat y ERC y que ni siquiera se presentó de forma conjunta, sitúa como «prioridad» del nuevo gobierno y de la legislatura la «restitución de las instituciones catalanas». El documento defiende el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero evita en cambio las referencias explícitas a la declaración de la República del 27 de octubre.

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