La Justicia investigará a la Policía por las cargas porque no puede haber «carta blanca»

Un juez de Barcelona abre la primera causa por las cargas y rechaza el argumento de la Fiscalía de que no afectaron a la «convivencia ciudadana»

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. La Justicia investigará la actuación policial el 1-O. Al menos, y por el momento, en la ciudad de Barcelona, donde actuó exclusivamente el CNP. El titular de juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad condal ha decidido abrir una causa para investigar si hubo excesos policiales el domingo en, por lo menos, 25 colegios de la capital. El magistrado Francisco Miralles ordena multitud de diligencias para avanza en sus pesquisas sobre las lesiones de 99 denunciantes y rechaza de plano el alegato de la Fiscalía de que la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado no afectó la «convivencia ciudadana».

El juez, que acepta tramitar una de las querellas de la Generalitat catalana contra las fuerzas de seguridad y que va a centralizar todas las denuncias particulares presentadas en Barcelona, asegura que es «evidente» que los altercados sí que alteraron esa convivencia, en tanto en cuanto, solo en la capital catalana, hubo «disturbios y lesionados» en al menos 17 centros.

El instructor rechaza por ello la petición del Ministerio Público de centrar sus pesquisas en un solo centro (la escuela de los jesuitas de Sant Gervasi), ya que asegura que tiene en su juzgado 64 partes médicos que no corresponden a ese colegio. El magistrado reconoce, no obstante, que de los 99 lesionados, solo dos tienen «lesiones graves», porque el resto «básicamente» sufre «hematomas y erosiones».

Miralles es particularmente duro con la intención de la Fiscalía de dar carpetazo a todas las denuncias contra la Policía y la Guardia Civil relacionadas con su actuación en la jornada electoral del domingo. Afirma que no se pueden archivar las denuncias sin más porque ello sería tanto como dar «carta blanca a cualquier exceso policial que pudiera haberse producido», por mucho que, como sostiene el ministerio público, las actuaciones de los antidisturbios el 1-O «estuvieran amparadas por el cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa».

«Pelotas de goma»

El instructor insiste en que hay tanto grabaciones de ciudadanos como de medios de comunicación que demuestran que sí que hubo hechos que alteraron la «normal convivencia ciudadana» y que, por lo tanto, hay que investigar si estos incidentes, entre los que hubo «salvas al aire y lanzamiento de pelotas de goma», fueron fruto de la «actuación de los agentes», de la acción de las personas que allí estaban o «por una combinación de ambas». En síntesis, apunta el instructor, se trata de saber si «la actuación de los agentes fue proporcionada a las circunstancias existentes».

En su escrito, la Fiscalía afirmaba que el derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación debió hacerse con «respecto a la ley» y que en este caso «el motivo de la reunión había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional». El magistrado afirma que su «discrepancia» con este planteamiento es «total». Sostiene el instructor que lo ilegal, en cualquier caso, sería la convocatoria del referéndum tras ser suspendido por el Constitucional y que este delito de «desobediencia» sería solo para los responsables de poner en marcha la conducta.

Mantiene el magistrado Francisco Miralles que los vecinos que se presentaron en los colegios no cometieron ilícito alguno. «No es ilegal que los ciudadanos, convocados por sus administración autonómica, se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó» o que «se reunieran a realizar cualquier actividad que allí se hubiera programado, incluido depositar un papel sin valor legal alguno en una urna», que «no podría producir efecto jurídico relevante al estar suspendida la ley que le daba tal sustento».

Ante estas circunstancias, el magistrado cree que es «sumamente importante» conocer en profundidad el «detalle de lo actuado» el pasado domingo para determinar si efectivamente las personas lesionadas ejercían, como sostienen los organizadores, una «resistencia pacífica» o, por el contrario, una «resistencia activa leve o grave». «No puede descartarse ninguna opción en este momento», arguye la resolución judicial que insiste en criticar duramente la decisión de la Fiscalía de archivar, sin más pesquisas, las denuncias de los lesionados y de la Generalitat de Cataluña por el uso excesivo de la fuerza.

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