Junqueras pide a la juez su excarcelación para participar en la campaña electoral

El exvicepresidente catalán, a su llegada el jueves pasado a la Audiencia Nacional. :: k. huesca / efe/
El exvicepresidente catalán, a su llegada el jueves pasado a la Audiencia Nacional. :: k. huesca / efe

Alega que se vulnera su derecho a participar como candidato y reclama cautelares menos severas

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. El vicepresidente de la Generalitat considera que su prisión preventiva es una medida «profundamente desproporcionada» que «lesiona» su derecho a participar como candidato en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Oriol Junqueras reclama que en su caso, y en el de los demás exconsejeros encarcelados, se apliquen medidas cautelares «más acordes» con su situación penal, como la retirada del pasaporte o incluso la imposición de una fianza.

El recurso presentado por el abogado Andreu Van den Eynde, defensor de Junqueras y de Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, ante la juez Carmen Lamela incide en el «daño reputacional» a sus patrocinados al privarles de libertad cuando son «candidatos potenciales» para las elecciones. Tanto el PDeCAT como Esquerra ya han anunciado que los encarcelados estarán en sus listas, ya sea si se presentan por separado o en una candidatura unitaria.

La defensa recurre a este argumento para esgrimir que si no estuvieran privados de libertad «tendrían una participación muy activa en la campaña electoral». Pero si continúan en la prisión de Estremera, se resalta en el recurso, se vulneraría «irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política». Por todo ello, el abogado pide a Lamela una reconsideración de su orden de prisión y la sustitución por medidas cautelares menos severas.

El letrado también intenta desmontar las razones de riesgo de fuga y cita como apunte probatorio que los encausados comparecieron de forma voluntaria en el juzgado «a pesar del altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional (así se apuntaba en los medios de comunicación) que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría». También incide en que existe un «arraigo enorme» de los acusados que jugaría en contra de una eventual huida.

Plan terminado

Descarta asimismo la posibilidad de una «reiteración delictiva», otro de los argumentos empleados por la juez, porque tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente destitución de todos los miembros del Ejecutivo catalán «no se han adoptado acuerdos» ni «se han efectuado publicaciones» en el boletín oficial. Además recuerda que en la querella de la Fiscalía se establece que el «supuesto plan» independentista habría terminado el 27 de octubre con la declaración del Parlamento de Cataluña.

La batería argumental de Van den Eynde recoge también «la indefensión evidente» de los acusados porque recibieron la citación «el 1 de noviembre a partir de las 10:45 horas de la mañana» para declarar «el 2 de noviembre a las 9:00 horas». Es decir, «menos de 24 horas» para responder a una querella del fiscal de 117 páginas, «imposible de asimilar ni por los profesionales de la defensa». Los letrados pidieron un aplazamiento a Lamela, pero su escrito llegó a la juez una vez que habían concluido las declaraciones, en las que no solicitaron una prórroga. A diferencia de los abogados de los encausados en el Supremo, que pidieron el 2 de noviembre que se aplazara la declaración de sus defendidos, y el tribunal concedió una semana, hasta este jueves.

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