La jueza Lamela responde a los exconsejeros que no se les persigue por sus ideas políticas

La magistrada recuerda que a los exmiembros del Govern huidos a Bélgica se les acusa de cinco delitos

R. C. MADRID.

La jueza Carmen Lamela desmontó uno por uno los argumentos del recurso presentado contra sus órdenes de detención por la defensa de los exconsejeros Meritxell Serret y Antonio Comín, ambos huidos de la justicia a Bruselas junto a Carles Puigdemont.

En un auto hecho público ayer, la magistrada de la Audiencia Nacional rechaza que los exmiembros del Gobierno catalán que permanecen en Bélgica estén en busca y captura por sus ideas secesionistas. Lo están, según su orden de detención, por apreciarse en su actuación la comisión de hasta cinco delitos -rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia-. «Para obtener su propósito promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población. Llamaron a la insurrección y contravinieron frontalmente la legalidad y el ordenamiento constitucional español», señala Lamela en su auto. La jueza no se queda ahí. Deja claro «que no se les persigue ni por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña». Si se pide su detención y entrega, añade, es porque trataron de cambiar la forma de Gobierno en la comunidad autónoma al margen de las vías legales establecidas.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional también rechaza que la actividad de los antiguos miembros del Govern estuviese protegida por la inviolabilidad e inmunidad de la actuación parlamentaria, tal y como sostiene el abogado de Serret y Comín. Lejos de compartir esta opinión, Lamela afirma discrepar «frontalmente» con tal consideración.

En el auto, en el que no se acepta una sola de las reclamaciones de los dos exconsejeros, la juez insiste en no permitir que los fugados declaren por videoconferencia, tal y como solicitaron el pasado 2 de noviembre y les fue denegado. Además, la instructora mantiene su decisión de no permitir que el letrado de los dos exconsejeros se persone en la causa.

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