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Josep Rull abraza a Jordi Turull ayer a su llegada al Tribuna Supremo, donde poco después se decretó su ingreso en prisión. :: S. VERA / REUTERS
El juez del Supremo encarcela a Turull por el ataque «sin parangón» al Estado

El juez del Supremo encarcela a Turull por el ataque «sin parangón» al Estado

Llarena justifica que el procesamiento por rebelión aumenta el riesgo de fuga y envía a prisión a Forcadell y tres exconsejeros más

MATEO BALÍN

MADRID.

Sábado, 24 de marzo 2018, 00:07

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En menos de 24 horas Jordi Turull ha pasado de defender en el Parlament su candidatura para presidir el Gobierno de siete millones y medio de catalanes a dormir en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid. El dirigente de Junts per Catalunya (JxCAT), cuya segunda votación de investidura fue ayer cancelada, y otros cinco procesados por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos en la causa del 'procés', la expresident de la Cámara Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, fueron encarcelados ayer por la noche por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El instructor revocó su libertad provisional y justificó el reingreso en prisión por el «grave» riesgo de fuga y de reiteración delictiva derivado de su procesamiento horas antes junto a otros 20 investigados, entre ellos el huido Carles Puigdemont o los presos preventivos Oriol Junqueras y Joaquim Forn.

En una jornada repleta de sobresaltos y de imágenes de tristeza entre los dirigentes independentistas en las puertas del Supremo, el juez Llarena abrió en canal las entrañas del proceso político catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprobada por el Parlament el 27 de octubre pasado. La mañana comenzó con la huida de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, citada en persona para comunicarle su procesamiento por un delito de rebelión. Esta escapada a Suiza dejó cariacontecidos a sus compañeros de partido, equipo de confianza y seguidores allí concentrados.

Las caras eran muy largas y las sensaciones no eran positivas. El mal trago se consumó poco después tras notificar el juez el auto de procesamiento a los abogados. De los 28 investigados de forma inicial, el magistrado dirigió la causa finalmente contra 25, que ayer se acercaron un poco más al banquillo de los acusados. Trece de ellos fueron procesados por un delito de rebelión, que conlleva penas de entre 15 y 25 años de prisión. En este grupo están la mayoría de exmiembros del Govern (Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull, Bassa y los huidos Comín y Ponsatí), Forcadell, Rovira y los líderes civiles Jordi Sànchez (ANC)y Jordi Cuixart (Ómnium). De todos ellos, a nueve les acusó además de un delito de malversación de caudales públicos (hasta ocho años de prisión y multa) en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Según el auto, en esta lista se encuentran los presuntos cabecillas del «plan concertado» para llegar a la república catalana de forma unilateral, alentando a las masas mediante el «alzamiento público y violento». Un «diseño criminal» que se consumó en un ataque «sin parangón» al Estado y a la Constitución el 1-O y con la DUI.

Los indicios de la violencia

Para argumentar este gravísimo delito, el juez destacó que «trata de preservar los principios esenciales de una convivencia democrática contra aquellos ataques que puedan lesionar de modo profundo a los elementos más estructurales de nuestra organización política». A su juicio, la consumación no exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que agota su contenido con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente.

Por ejemplo, los hechos del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, con el asedio a la consejería durante la 'operación Anubis', «reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento». También la reunión el 28 de septiembre entre Puigdemont, Junqueras y Forn en la que sabían «sobradamente» que en la jornada del referéndum habría una «escalada de violencia» porque les advirtieron los Mossos.

En un peldaño incriminatorio inferior, Llarena concluyó ayer que existen indicios por un delito de desobediencia (hasta dos años de inhabilitación) y otro de malversación contra los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó, el arrepentido Santi Vila y los huidos Lluis Puig y Meritxell Serret.

Asimismo, por desobedecer las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional el juez procesó a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y a las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel. Ésta se fugó a Suiza para evitar la prisión, pero finalmente su delito tan solo conlleva, a expensas de los recursos de las partes a la Sala de Apelaciones del Supremo, la inhabilitación para ejercicio de cargo público durante 24 meses.

En el auto de 70 páginas, Llarena también fija una fianza de responsabilidad civil por 2,1 millones de euros, que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Govern. La cuantía se estableció sumando a 1,6 millones, un montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse por ley para asegurar las responsabilidades pecuniarias en caso de una sentencia condenatoria.

Pero antes de llegar al juicio, el instructor justificó el procesamiento de 25 investigados porque el «diseño criminal» de la hoja de ruta que culminó con la DUI puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155. Es más, parece estar «latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas». Es decir, no se fía de las planes soberanistas ni de las voluntades expresadas por los encausados en sede judicial, de ahí que resolviera encarcelar a Turull, Forcadell o Romeva con el aval de la Fiscalía y de la acusación de Vox. Posteriormente, Llarena reactivó las órdenes de detención europeas e internacionales contra los huidos, tal y como estaba previsto tras el auto de procesamiento.

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