El juez del Supremo cierra la puerta del Parlament a Junqueras, Forn y Sànchez

Oriol Junqueras, a la entrada de la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. :: JAVIER BARBANCHO / reuters/
Oriol Junqueras, a la entrada de la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre. :: JAVIER BARBANCHO / reuters

Alega que el riesgo de volver a delinquir sigue y deja en manos de Interior el traslado a una cárcel catalana y de la Mesa de la cámara cómo votarán

MATEO BALÍN MADRID.

Portazo del juez a Oriol Junqueras. El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dejó ayer fuera de juego al presidente de Esquerra Republicana y diputado electo tras negarle el permiso de salida para acudir en persona al Parlament. Junqueras había solicitado ser trasladado a una cárcel catalana para estar presente en los pleno de constitución de la Cámara de este miércoles y el de investidura de finales de mes, en el que el exvicepresidente de la Generalitat podría haber optado con más fuerza a la Presidencia en caso de estar en libertad provisional y si Carles Puigdemont se mantiene huido en Bélgica.

Apenas 48 horas después de presentar el abogado un escrito en el que reclamaba asistir a las citadas sesiones, el juez Llarena no ha sido benevolente con este «hombre de paz» y «profundas convicciones religiosas» que quería ejercer su derecho a la participación política y evitar así que se alteraran los equilibrios de poder en el Parlament en caso de no estar presente.

El instructor denegó su petición de traslado a una cárcel catalana y el permiso excepcional de salida porque tiene serias dudas de que no vuelva a reiterar en el delito. Vamos, que considera que a día de hoy lo haría si está presente en las sesiones parlamentarias. Llarena también valora que los dos autos que rechazaban su libertad provisional, el del propio juez y el de la sala de apelaciones, son muy recientes y los argumentos suficientemente firmes para desconfiar de su palabra.

«El riesgo subsiste hoy -señala el auto- por el extendido apoyo social a los investigados que han huido del ejercicio jurisdiccional de este instructor» y también «por haberse impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este proceso».

«Grave enfrentamiento»

Con estos precedentes y con estas condiciones actuales, «afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido», presenta riesgo, añade Llarena, «de grave enfrentamiento ciudadano que puede brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional».

Sin embargo, remata el juez, «cualquier limitación derivada de la privación de libertad en la que se encuentran los investigados no puede suponer la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas».

Ello no quita para que la solicitud del exvicepresidente de acercarse a Cataluña por razones familiares pueda ser cursada por la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, dependiente al Ministerio del Interior.

A mediados de noviembre, un mes después de su ingreso en la cárcel, Prisiones ya denegó al expresidenta de la ANC Jordi Sànchez su trasladado al centro de Quatre Camins (Barcelona) porque su permanencia en Estremera (Madrid) «facilita la práctica» de las diligencias que acuerde el juzgado, «habida cuenta de su reciente ingreso».

Del mismo modo, el juez Llarena ordenó ayer en su auto que el Parlamento de Cataluña habilite los instrumentos precisos para que Junqueras, Sánchez y Joaquín Forn, candidatos electos en la cárcel, puedan acceder a su condición de diputados en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento de la Cámara, pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que actualmente se encuentran.

El juez declara la «incapacidad legal» prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del pleno, por lo que si los investigados lo solicitaran corresponde a la Mesa del Parlament arbitrar, en la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado mientras subsista su situación de prisión provisional.

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