La juez registra las llamadas de Trapero y los líderes secesionistas hasta el 2-O

Lamela investiga si hubo un plan coordinado entre el jefe de los Mossos y los presidentes de ANC y Òmnium, a quienes investigan sus cuentas

MATEO BALÍN MADRID.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruye la causa por sedición en Cataluña, amplió ayer la investigación por los incidentes acaecidos en Barcelona el 20 y 21 de septiembre durante los registros de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum ilegal del 1 de octubre. La magistrada pidió a la Guardia Civil un informe sobre las llamadas efectuadas entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre por el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y el resto de imputados por sedición, la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y los presidentes de ANC, Jordi Sànchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión sin fianza desde este lunes.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número tres quiere conocer si los investigados llevaron a cabo una estrategia coordinada para obstaculizar el trabajo de la comisión judicial de la 'operación Anubis', como el llamamiento de los líderes de las revueltas secesionistas a «parar a la Guardia Civil» durante los registros en las sedes de la Generalitat, y si este plan llegó hasta la misma celebración del referéndum.

En su petición a la Guardia Civil, la juez ordena que se identifiquen los números de teléfono de los cuatro investigados y que se solicite a las compañías telefónicas el listado de llamadas y de mensajes emitidos también esos días, entre el 15 de septiembre y 2 de octubre. Con ello pretende conocer con qué personas y si entre ellos mismos establecieron comunicaciones, así como el tiempo que se prolongaron y otros datos de interés relevantes, según informaron ayer fuentes jurídicas.

Según lo investigado hasta ahora, el día que se produjo el asedio a la comisión judicial, durante la entrada a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, el presidente de ANC hizo una llamada a Trapero para ponerle en contacto con un miembro de la Guardia Civil.

En el marco de estas nuevas diligencias de investigación, Lamela pidió el martes a los Mossos la identificación de los agentes que intervinieron en el dispositivo para impedir el 1-O, así como que aportaran el número profesional de los policías desplegados y qué actuación llevaron a cabo para evitar la votación.

Cuentas de ANC y Òmnium

También a petición del fiscal, la magistrada comunicó ayer a la Consejería de Interior de la Generalitat las medidas cautelares que acordó el lunes para el mayor de los Mossos, después de rechazar su ingreso en prisión sin fianza tal y como pedía la Fiscalía. Lamela coge así el testigo del teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, que el jueves pidió que se notificara el auto en el que se acordaron esas medidas cautelares -comparecencias quincenales, entrega de pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono-, «a los efectos legales que sean oportunos».

Precisamente ayer, a instancias de la Fiscalía y atendiendo a la petición que en este sentido hizo la Guardia Civil en su último atestado, Lamela solicitó información bancaria y financiera de ANC y Òmnium a la Asociación Española de Banca, a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

La juez quiere conocer todos los datos relativos a las cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con esas entidades, así como la identificación de los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias. En cuanto a las transferencias, Lamela reclamó también que se identifique la cuenta de origen y destino y el titular de las mismas, en virtud a la normativa sobre el blanqueo de capitales.

Fuentes fiscales descartaron que fueran a pedir la imputación de ANC y Òmnium en tanto que las personas jurídicas no pueden ser investigadas por sedición. Sin embargo, reconocieron que se está investigando a las asociaciones por si han sido utilizadas con fines ilegítimos y delictivos que pudieran derivar en una suspensión de actividades.

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