La juez procesa a la excúpula de los Mossos por sedición y organización criminal

Trapero llega el pasado octubre a la Audiencia Nacional. :: Kiko Huesca / efe/
Trapero llega el pasado octubre a la Audiencia Nacional. :: Kiko Huesca / efe

Lamela propone juzgar a Trapero, Soler, Puig y Laplana por su responsabilidad en el asedio judicial del 20-S y su «inactividad» el 1-O

MATEO BALÍN MADRID.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó ayer a la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra por delitos de organización criminal y sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre, día del referéndum en Cataluña que acabó con altercados en algunos colegios electorales.

El principal damnificado fue el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, procesado por dos delitos de sedición -entre ocho y 15 años de prisión cada uno- y uno de integración en grupo criminal. Lamela también propuso juzgar por estos delitos al exdirector de la policía autonómica Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. En ambos casos solos les atribuye un delito de sedición por su actuación durante el 1-0.

Y la cuarta procesada en discordia fue la intendente del Cuerpo Teresa Laplana, responsable de la comisaria más cercana a la consejería asediada por decenas de miles de manifestantes el 20 y 21 de septiembre, mientras una comisión judicial registraba el edificio.

En su auto, Lamela concluyó que los procesados «pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente». En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la magistrada describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión.

Lamela se centra en la utilización ilegal de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona y durante la jornada del referéndum ilegal en Cataluña. Asegura que se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida «a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia», siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquim Forn, Pere Soler y César Puig.

Puigdemont, en la cúspide

Respecto a la jornada del 1-O, la juez detalla que el plan premeditado por la cúpula de los Mossos, comandada por Trapero, para evitar actuar y «enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad». Añade que todos ellos formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas bajo una dirección común, en cuya cúspide se encontraba el presidente Puigdemont.

Sobre el 20-S, la juez relata que incumplieron sus obligaciones legales de actuar y evitar lo que aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio. «Lejos de actuar se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron de la Guardia Civil», relata el auto.

Por los que se refiere a los hechos del 1 de octubre, recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio del ex secretario de Economía José María Jové, entre la que destaca el documento Enfocats, quien diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.

La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes Regiones Policiales de los Mossos, en las que se constata que la víspera del día 1 ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente. Igualmente se registran comunicados generales de las Salas de Mando recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de la Guardia Civil o de la Policía, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban. Y se incluyen las declaraciones del coronel Diego Pérez de los Cobos y de un testigo protegido que confirmarían esta actividad.

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