El juez mantiene en prisión a Puigdemont hasta que el tribunal resuelva su entrega a España

Una estelada colgada ayer en una valla, ante la cárcel de Neumünster, donde se encuentra el expresidente Puigdemont. :: S. SUKI / EFE/
Una estelada colgada ayer en una valla, ante la cárcel de Neumünster, donde se encuentra el expresidente Puigdemont. :: S. SUKI / EFE

El expresidente puede estar encarcelado un máximo de 60 días hasta que el tribunal decida sobre la euroorden

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Carles Puigdemont seguirá en prisión en Alemania hasta que se decida su futuro. El juez de primera instancia envió ayer de vuelta a la cárcel de Neumünster al expresidente catalán, detenido el pasado domingo al norte de Alemania cuando regresaba desde Finlandia a Bélgica. El magistrado decidió mantener bajo «custodia policial» al exjefe de la Generalitat hasta que el Tribunal Superior del estado en el que fue detenido, Schleswig-Holstein, falle si procede su entrega a España en cumplimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada el viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación.

Puigdemont, quien ya durmió el lunes en esa misma cárcel, estará en prisión un plazo máximo de 60 días, que es el límite temporal que establece la normativa germana para que la justicia del estado federado de Schleswig-Holstein resuelva sobre la ejecución de la euroorden del Supremo. No obstante, según fuentes jurídicas, el plazo medio para resolver sobre las peticiones de entregas europeas suele oscilar en Alemania entre los quince y los 45 días. Si el expresidente del Ejecutivo catalán hubiera aceptado su entrega a España, cosa que obviamente ayer no hizo, el plazo de resolución de su caso se habría reducido a poco más de una semana.

«Ha comparecido en calma y sereno», afirmó el fiscal general de la ciudad de Schleswig, Georg-Friedrich Guentge. En esta primera vista de ayer, la justicia alemana exclusivamente se limitó a comunicar los cargos contra el detenido, verificar su identidad y decidir sobre la prórroga de su custodia para evitar su fuga. El trámite en sí duro poco más de una hora y Puigdemont tuvo la oportunidad de glosar brevemente las razones por las que se niega a ser entregado al Tribunal Supremo de España.

«Ha comparecido en calma y sereno», aseguró el fiscal general de la ciudad de Schleswig

A partir de ahora será la Fiscalía General de Schleswig-Holstein (y no la Fiscalía Federal con sede en Karlsruhe) la que presente (y defienda) ante el tribunal superior de este 'land', a la vista de la documentación enviada por la Policía española y el Tribunal Supremo, la entrega por los delitos de rebelión y malversación incluidos en la OEDE. Si la corte superior da el visto bueno, será la Fiscalía de Schleswig-Holstein la que tenga la última palabra sobre la entrega. El Ministerio Público, aunque tenga la luz verde del tribunal, podría paralizar el traslado a España.

Uno de los puntos clave que deberán estudiar el tribunal y la Fiscalía es si en el Código Penal germano existe un delito homologable al de rebelión, ya que este ilícito no entra en el catálogo de 32 delitos (como el terrorismo, narcotráfico, entre otros) que están homogeneizados en la OEDE.

Uso de la fuerza

Como tal, la rebelión no existe en el derecho alemán, pero sí que está tipificado el de alta traición, penado con entre diez años y cadena perpetua (25 años). La portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger, confirmó que efectivamente este ilícito podría considerarse como equiparable al de rebelión, aunque no quiso anticiparse a la decisión de la Fiscalía.

Para este delito de traición se requiere el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, un aspecto que la defensa piensa explotar porque siempre ha negado que Puigdemont y el resto de encarcelados usaran la violencia o instigaran actos de fuerza. El abogado en España del expresidente catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, que se desplazó el domingo por la tarde a Bruselas y ayer viajó a Hamburgo para colaborar en la defensa de su cliente, ya avanzó que su argumentación central para evitar la entrega judicial es que en España el detenido no tendría un juicio justo como ya se ha demostrado durante el proceso abierto en el Tribunal Supremo. Insistirá en las irregularidades de la justicia española aunque sobre el papel «el sistema judicial español se considere garantista».

Sea como fuere, el Gobierno alemán ya adelantó que la OEDE es un asunto que compete «fundamentalmente a la justicia», pero partiendo de la base de que «España es una democracia y un estado de derecho», según dijo el portavoz del Ejecutivo de Berlín, Steffen Seibert, quien recordó que la posición del Ejecutivo de la canciller Angela Merkel respecto al soberanismo catalán es que es un asunto que España «debe resolver internamente» y «de acuerdo a la ley» del país.

Hasta Neumünster se desplazó ayer una delegación de Junts per Catalunya y el PDeCAT, con el diputado Quim Torra y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, para arropar a su compañera.

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